Isidro Fainé, presidente de La Caixa y desde esta pasada semana también de la Confederación de Cajas de Ahorros, acaba de echar sobre sus espaldas una de las tareas más complejas que tendrá que lidiar la economía española para tratar de volver a sus mejores días: pilotar la reorganización y el saneamiento del sector de las cajas de ahorros. Con esa idea le han aupado al puesto, tras la correspondiente elección con resultado de unanimidad, no sólo sus colegas del sector sino el propio Gobierno, el Banco de España y los dos principales partidos políticos. Incluido el PP.
No se podrá quejar, por lo tanto, de respaldo y de consenso en torno a su futuro cometido. Otra cosa, y en este asunto no es cosa menor, serán los Gobiernos de las Autonomías, que se permitirán con toda seguridad mantener sus propias opiniones, y desde luego sus intereses, para que las cosas que les afecten se encarrilen conforme a los intereses de cada señor feudal. Las cajas, a diferencia de los bancos, tienen una importante obediencia política hacia los Gobiernos regionales, como es público y notorio desde hace años. Si algo ha frenado en los últimos meses el proceso, necesario según todos los análisis, de reorganización del sector es precisamente el bombardeos sistemático a que han sometido las autoridades autonómicas a muchas fusiones que no obedecían a sus intereses más directos. Las Autonomías, en efecto, está boicoteando una de las principales fórmulas para sanear el sector, las fusiones entre cajas de entidades autónomas diferentes, que es la solución más racional a los problemas de muchas de las cajas. La condición inexcusable de algunas Autonomías de autorizar solamente aquellas fusiones que se realicen dentro del propio territorio autonómico, va en muchas ocasiones contra la lógica económica y financiera. Y no será un mecanismo adecuado para solventar los problemas del sector.
La llegada de Fainé a la presidencia de la CECA se supone que irá acompañada, por lo dicho anteriormente, por el compromiso gubernamental y de los dos grandes partidos políticos de dar cuanto antes vía libre a la reforma de la legislación básica de las cajas de ahorros en uno de sus puntos más espinosos: limitar el poder de los Gobiernos autonómicos sobre las cajas de ahorros de su territorio. Mientras persista esa capacidad de decisión política sobre el ámbito de las decisiones que deberían ser básicamente empresariales, la solución al problema de las cajas se presenta muy complicada.
Además, las cajas deberían contar con mejores instrumentos de financiación propia para resolver su problema esencial en estos momentos, el del capital. Las cajas necesitan capital, es decir, necesitan inversores que aporten recursos propios, es decir, dinero de riesgo. Como el capital social de los bancos. Para estar en condiciones de captar dinero hay que darle a los inversores que inviertan dinero un cierto poder, es decir, algo parecido al poder que tienen los accionistas en las empresas privadas. No hay fórmulas mágicas para conseguir capital por otras vías, aunque ciertamente existen. Una sería que el Estado pusiera el dinero, aunque son pocos los que creen que la solución al problema pase por nacionalizar el sector, máxime cuando existen importantes cajas de ahorros sanas y con capacidad para seguir adelante. Otra opción es la de aumentar capital dejando de asignar la parte de los beneficios que se destinan a la Obra Social. Pero este es un asunto de importancia capital para el sector, ya que la esencia de las cajas reside precisamente en hacer compatible su rentabilidad con el carácter asistencial que se financia con la excedentes financieros.
Lo que hasta ahora, cuando se manejaban numerosas hipótesis sobre el futuro de las cajas y la forma de afrontarlo, no se había planteado con toda su crudeza es el papel de las grandes cajas de ahorros en la reorganización del sector. ¿Cómo es posible que en este proceso de reordenación del sector las cinco o seis cajas de ahorros más grandes no hayan tenido participación alguna en el proceso de fusiones? ¿Acaso no ha sido este el mecanismo empleado por los bancos para, en su última gran reorganización de hace diez años, resolver el problema del exceso de capacidad del sector y crear entidades viables y más rentables? Si así ha sido en los bancos, no tiene sentido que no suceda de igual forma en el mundo de las cajas. Las grandes cajas no pueden quedar cruzadas de brazos ante el reajuste inevitable que se le exige al sector. La llegada de Vilarasau y de Rato a la cúpula de la CECA, en cuanto que presidentes de las dos mayores cajas del país, no puede ser ajena a esta necesidad.