Nos tranquilizan, o por lo menos lo intenta, las autoridades económicas del país cuando hablan de la Deuda Pública existente y de su imparable crecimiento en los últimos meses. A finales del año pasado, la deuda del país se cifraba en 461.996 millones de euros, cifra que equivale a alrededor del 53% del PIB, es decir, de lo que produce cada año la economía española.
Estamos bastante mejor que Grecia, que supera el 115%, lo que no es precisamente un consuelo, porque Grecia se encuentra en estos momentos al borde de la insolvencia y de la quiebra. También estamos mejor que la media de la Eurozona, con una deuda media del 78,7% frente al 69,4% del año anterior. Y estamos por supuesto mejor que la mayoría de los países miembros de la Eurozona, ya que nada menos que doce Estados superan el 60% de Deuda Pública sobre PIB, barrera esta del 60% que en su día se estableció como listón para acceder al área euro, aunque en su momento ya se aplicó una gran prodigalidad y manga ancha para admitir a algunos miembros que no cumplían adecuadamente este requisito.
Desde luego, lo que no se hizo fue establecer en su día un mecanismo de vigilancia para evitar que la mala administración de algunos Gobiernos de la zona euro les condujera a la vía fácil del dispendio del dinero público y del endeudamiento irresponsable, aprovechando el aval que de hecho tienen todos los países de la moneda única, amparados en la pertenencia a un grupo sólido de economías desarrolladas que no tolerarían la quiebra de uno de sus miembros. Este abuso de pertenencia es lo que explica la situación de Grecia. Lo que no tiene tanta explicación es que las autoridades griegas se deslizaran por la rampa de la irresponsabilidad y ocultaran sus cifras reales a Bruselas. Tampoco es comprensible que Bruselas no haya supervisado más de cerca la autenticidad de las cifras de los países miembros. No es sorprendente que en estos momentos haya voces, sobre todo en Alemania, que pidan la expulsión de Grecia de la zona euro.
Frente a estos despropósitos, las comparaciones de la situación española suelen ser inapropiadas según quien las haga. La que quizás sea una buena forma de comparar ese 53% del PIB que debíamos hace unos pocos meses sea confrontar esta cifra con la de la propia economía española un año antes, que era de algo menos del 40%. Amparados en la justificación de que la crisis económica ha multiplicado los gastos y mermado los ingresos, lo cierto es que la deuda española ha aumentado en torno a unos 13 puntos sobre el PIB en el año 2009 y las cosas no pintan mucho mejor para este año, en el que podríamos aumentar otros 12 puntos adicionales nuestro nivel de deuda, hasta cotas del 65% o más del PIB.
Teniendo en cuenta el punto de partida, uno de los más ejemplares de la zona euro, la situación a la que ha llegado la Deuda Pública española es ciertamente preocupante. Un 46% del endeudamiento público español, el del Estado, está en manos de extranjeros, que en las últimas semanas están mirando con lupa nuestra capacidad de arreglar el Presupuesto, de aplicar con sensatez una política creíble de austeridad y en definitiva la capacidad del país para devolver todo ese dineral en el que nos hemos embarcado de la mano de Zapatero y su afición a usar la chequera del Estado para aplacar el desgaste político que viene padeciendo por su desacertada conducción de la crisis económica.
Los extranjeros están financiando de momento una parte considerable de nuestra deuda. Son los mayores inversores entre los diversos grupos institucionales que tienen en propiedad los títulos del Tesoro Público español. Pero en las últimas semanas, sus demandas de rentabilidad están aumentando de forma constante. Si los inversores extranjeros dejan de acudir a las peticiones de dinero del Tesoro español, el ahorro nacional tendrá que suplir esa diferencia. Y eso significa que el espacio disponible para financiar al sector privado será aún más exiguo.