Grecia, por fin, se ha decidido a ir con sus papeles como quien dice al Juzgado, aunque al tratarse de un país en quiebra, la declaración de impotencia se realiza ante las instancias internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, al tratarse de un país de la zona euro, ante las autoridades comunitarias, es decir, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). El país heleno va a tener dificultades insalvables para llegar al mes de mayo, dado su calendario de vencimientos de deuda. Y sus sondeos en los mercados, para emitir en dólares al otro lado del Atlántico, en donde residen tantos millonarios y no millonarios del milenario país, no han dado resultados esperanzadores tras varios días de gestiones y portazos.
La irrupción de Grecia en el mundo de los países insolventes abre una nueva etapa en la crisis financiera internacional, ya que el denominado “riesgo soberano” ha adquirido un fuerte impulso en los últimos meses como consecuencia del desaforado ritmo de gasto público que afrontaron numerosos países para hacer frente a la caída de actividad resultante de la crisis global. En el caso específico de Grecia, el país ha sido también víctima, sobre todo, de una deficiente administración e incluso de malas artes financieras, con engaños a las autoridades comunitarias, que han retrasado enormemente la solución a sus problemas. Grecia no sólo está en bancarrota y ha perdido el crédito en los mercados financieros. Ha perdido, además, el crédito en el mas amplio sentido, el de la credibilidad de sus instituciones financieras privadas y públicas. Una posición que a la postre está convirtiendo la tarea de reflotar al país en un auténtico imposible con, los mecanismos tradicionales y de mercado. Para Grecia no hay crédito en el mercado, de forma que la única vía que le resta es la de la subvención pública. La discusión ahora es ver qué parte asume cada institución.
Lo malo de la situación griega es que ha arrastrado a toda la Eurozona y al euro. Y en especial puede arrastrar a algunos países de economías financieras débiles, como Irlanda, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica y a nuestro propio país, España. Son las seis víctimas más vulnerables al riesgo de quiebra financiera y de suspensión de pagos, es decir, las “argentinas” de Europa.
La catalogación la realiza una entidad privada, The Market Oracle, que ha cuantificado el riesgo de quiebra de los países industrializados en función de su deuda total (no sólo pública, sino también privada), una lista en la que España, con un riesgo del 18%, le pisa los talones a Reino Unido (20%) así como a Portugal y Bélgica (23%). Grecia está claramente más cerca de la quiebra, con una probabilidad del 31%. E Irlanda, con el 43%, es casi el líder (Islandia se lleva la primera plaza, con el 100%), aunque el país gaélico está capeando los problemas financieros con una increíble habilidad ya que ha sido posiblemente la economía europea que mejor y más rápido está adoptando medidas de saneamiento interno. Por detrás de España (es decir, con menor riesgo teórico), los analistas de esta publicación online sitúan a Francia (12% de riesgo) o Italia (8%).
Ni qué decir tiene que la posición española, envidiable hace dos años, se ha deteriorado de forma espectacular desde el desencadenamiento de la crisis. El Gobierno de Zapatero no ha sido capaz de tomar medidas eficaces, no le ha hecho partícipe al país de la gravedad de la situación y no ha sido capaz de persuadir a los interlocutores (políticos, empresariales y sindicales) de la necesidad de tomar medidas. Entre otras cosas porque el Gobierno tiene pavor a tomar decisiones que le ocasionen pérdida de votos y de imagen, en especial ante su parroquia. Y porque, para mayor desgracia, no tiene claro qué medidas hay que adoptar, según se puede deducir de los palos de ciego que viene dando desde hace varios meses, mediante iniciativas inconexas, periféricas, no cuantificadas en sus hipotéticos efectos e bastante irrelevantes de cara a frenar el deterioro de Presupuesto y de la actividad económica. Y por supuesto del empleo.