La reforma de las cajas de ahorros se está llevando a la práctica, por desgracia, a trompicones y bajo presión externa. Cuatro cajas acaban de anunciar su propósito de formar una entidad unida, bajo la forma de Sistema Institucional de Protección (SIP), que es como un acuerdo de cooperación y poco más, con la particularidad de pertenecer a cuatro Autonomías diferentes (cinco en realidad, ya que una de las cajas, Cajastur, es asturiana y también castellano leonesa, al ser la adquirente de la quebrada CCM). Junto a la asturiana están la valenciana CAM, la de Cantabria y la de Extremadura.
Algo es algo, aunque lejos de lo que podrían desear los expertos y las autoridades económicas. Dado que uno de los problemas básicos de las cajas españolas es ahora mismo la debilidad de su capital, si este tipo de fusiones sirve para recoger recursos del mercado a largo plazo, es decir, lo que más parecido resulte a capital riesgo, la operación habrá cumplido cuando menos uno de sus principales fines, el de reforzar la solvencia de las entidades financieras que se unen. Juntas mejor que separadas.
Es de suponer que este tipo de fusiones light acabe siendo tan sólo el primer paso hacia una verdadera integración de gestión. Si no pasa de ahí, las operaciones que se están realizando bajo esta fórmula (esta es la segunda fusión SIP, tras la que encabeza Caja Navarra) no habrán pasado de resultar un parche transitorio. Hay que recordar, no obstante, que en Cataluña se han llevado a cabo dos fusiones de las de verdad, de manera que no todo son actuaciones posiblemente pensadas para la galería y para salir del paso y, en todo caso, con garantías débiles de continuidad.
Las operaciones que se están fraguando en estas últimas semanas tienen el inconveniente de estar avanzando bajo presiones externas de todo tipo, sin que las autoridades locales (las Autonomías) hayan tomado aún conciencia de la verdadera dimensión del problema financiero que está en gestación y en ausencia de un dispositivo legal que permita o impulse la capitalización de las entidades.
Todo el mundo quiere mandar en las cajas, pero nadie parece dispuesto a poner un euro, salvo el Estado, que se ve forzado a ello para evitar males mayores, como se vió ya en la CCM castellana y sobre todo en la nacionalización de CajaSur este fin de semana. Esta operación, que ha sido un nuevo paso en falso ante la ausencia de voluntad integradora por parte de los protagonistas, debería servir de ejemplo de lo que puede suceder en el conjunto del sector de las cajas, es decir, su privatización lisa y llana.
Los despojos de CajaSur, en efecto, pueden acabar en manos de alguna caja de ahorros, pero también de algún o algunos bancos. Estos han sido bien explícitos al afirmar a lo largo de estos últimos meses que tienen puesta la caña de pescar para quedarse con la clientela primero y con los activos si fuera necesario después, como consecuencia del deterioro que vive una parte sustancial del sector de cajas. La brillante trayectoria de las cajas de ahorros está a punto de extinguirse por la miopía de sus dirigentes de no haber sido capaces de adquirir la dimensión adecuada para sobrevivir a la competencia y a una crisis como la que estamos aprovechando. Miopía de los gestores, egoísmo de los políticos autonómicos y ausencia de leyes adecuadas a las necesidades del momento, configuran el trípode sobre el que una parte de las cajas está labrando posiblemente su desaparición. Los precipitados pasos de las últimas horas quizás estén llegando demasiado tarde.