Los efectos del brusco cambio de rumbo anunciado por Zapatero la semana pasada, en una intervención parlamentaria que pasará indudablemente a la Historia, y no sólo a la del socialismo español, empiezan a percibirse con cierta claridad. No sólo se ha producido una ruptura, aún de dimensiones desconocidas, con los sindicatos, sino una caída abrupta del prestigio gubernamental  en las primeras encuestas conocidas y un distanciamiento palpable de amplios sectores de la sociedad, que aún no han salido de su asombro al comprobar que hace tan sólo tres meses el Presidente del Gobierno descartaba tajantemente cualquier recorte del gasto social y ahora tacha de un plumazo conquistas históricas tan apreciadas como la revalorización automática de las pensiones, fruto de  un amplio consenso político  que en su día dio origen al Pacto de Toledo y posteriormente a leyes que “blindaban” (eso se creía) el poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados.

El consenso en contra de las medidas de ajuste presupuestario es bastante amplio, según se ha podido ver en los últimos días. La primera constatación apunta al papel clave que indudablemente va a jugar en estas próximas semanas el partido de la oposición, que hasta ahora era “el partido de la oposición” pero que el discurso de Zapatero del pasado miércoles ha convertido en “el principal partido de la oposición”, ya que Zapatero se ha quedado sólo en defensa de sus medidas, tras haber reventado incluso algunas de las costuras internas del propio partido gobernante.

¿Qué papel se le reserva al PP en esta endiablada circunstancia, en la que no son pocos los que temen que Zapatero no consiga reunir la fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante, aunque sea en precario, las medidas? Un fracaso parlamentario podría ser demoledor para la economía española. Algo deben barruntar los  inversores y los guías de los mercados cuando el viernes pasado impulsaron una drástica caída de la Bolsa española, con ventas importantes de Deuda Pública, subidas de tipos de interés y duro castigo a las acciones más representativas del mercado bursátil español.

El PP tiene una papeleta complicada,  ya que aprobar unas políticas de recorte del gasto en pensiones supone participar en la conjura contra el Pacto de Toledo, hacerse corresponsable del incumplimiento de  uno de los compromisos históricos más queridos de la clase política y de la sociedad españolas, con un grado de aquiescencia posiblemente similar al que los españoles profesamos hacia la Carta Magna. El Pacto de Toledo es la piedra angular del Estado de Bienestar, construido con gran esfuerzo económico y mejor talante político de todas los partidos. Anejo al Pacto de Toledo está el Fondo  de Reserva de las Pensiones. ¿Qué pasará con él?

No sería de extrañar que Zapatero tenga que renovar en breve su invitación al líder de la oposición para tratar de convencerle de que se meta en la misma barca y que se pongan a remar los dos al unísono. Es tarea  difícil, diríase que imposible, ya que fiarse a estas alturas de Zapatero es un ejercicio de compleja viabilidad. Rajoy tardío sólo unos pocos días en enterarse, tras pasar por el despacho de Moncloa.

Pero desde el punto de vista de los intereses del país, y  en función del énfasis que pongan los sindicatos en modular su actitud levantisca ante la nueva cara de Zapatero, el pacto entre los dos grandes partidos parece imprescindible, inevitable y desde luego altamente aconsejable. Algo tendrá que negociar, del paquete de medidas, el presidente del Gobierno para atraer al líder de la oposición a la misma barca. Hay portavoces en el PSOE que están impulsando una opción más populista del plan de ajuste, proponiendo recortes también para “los que más tienen”, como van diciendo cándidamente algunos de los ilustres compañeros de Zapatero.

Entre tirarse al monte o mejorar la propuesta del plan de ajuste con las fuerzas políticas  mayoritarias, el dilema puede parecer sugestivo. No elegir la carta adecuada puede traer consigo consecuencia poco deseables, ya que un fracaso del esfuerzo español de contención del déficit  o la falta de credibilidad internacional podrían acarer consecuencias económicas funestas para el país.