Puigdemont en las manos de Sánchez

Carles Puigdemont, en su comparecencia en Bruselas para hablar de los pactos de Gobierno.

EFECarles Puigdemont, en su comparecencia en Bruselas para hablar de los pactos de Gobierno.

Por asombroso que parezca empezamos a tener la sensación de que la solemne y un tanto ridícula proclama de Puigdemont en Bruselas contra el Estado español y amenazando a Sánchez con impedir su investidura, una vez que fracase a Feijóo, se va a convertir en una mala pesadilla para el prófugo de Waterloo.

El que cometió numerosos errores. Y el primero fue decir a Sánchez que quiere negociar con él. Lo que es tanto como ponerse en las manos del implacable inquilino de La Moncloa al que el jefe, de los ‘siete magníficos’ diputados de JxC, no conoce como debiera, ni sabe como las gasta.

Como desconoce Puigdemont el reglamento de las Cortes Españolas y el ordenamiento jurídico español. Lo que queda demostrado por el hecho de que la primera exigencia del prófugo de que: ‘se apruebe ya una ley de amnistía antes de la investidura de Sánchez’ es sencillamente imposible.

Y la causa es que esa pretendida ‘proposición de ley’, sobre la que además Puigdemont dijo que cabe en la Constitución, no puede ser aprobada antes de la investidura de Sánchez. Una vez que el tiempos de este procedimiento legislativo durarán unos tres meses -probablemente hasta mediados de diciembre- y la fecha límite para la investidura es el 27 de noviembre.

Día en el que se acaba el plazo para ‘investiduras’ de los dos candidatos en liza y en el que, sí para entonces ninguno de ellos resultó investido, se dará paso a la disolución de las Cortes y la repetición electoral.

De manera que ahí está el primer traspiés de Puigdemont. El que deberá apoyar la investidura de Sánchez a cambio de una simple y no comprobable promesa verbal de que, una vez investido presidente, el PSOE tramitara esa proposición de ley en el Congreso. Salvo que cuatro diputados socialistas voten en contra, aunque mucho tememos de que en el seno del grupo parlamentario socialista no hay tantos (4) demócratas comprometidos con España.

Pero supongamos que Sánchez cumple y que, en unos meses y después de un gran revuelo nacional y en el PSOE, el Congreso da luz verde a esta Ley de amnistía que será recurrida inmediatamente al Tribunal Constitucional. Y entre otros por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que sería la encargada de aplicar semejante Ley.

La que incurre en numerosas irregularidades constitucionales, porque vulnera el principio de igualdad entre todos españoles que garantiza la Constitución. Y porque su objeto social no es beneficiar al conjunto de la ciudadanía sino solo a los golpistas catalanes para que JxC vote a favor de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.

Y será sobre la argumentación de la ‘cuestión de inconstitucionalidad’, que en su momento procesal presente la Sala Segunda del Supremo o el juez Pablo Llarena ante el TC, sobre la que los 11 magistrados del Constitucional deberán debatir y votar en conciencia.

Y puede ocurrir que uno o dos, de los 6 magistrados del ala ‘progresista’ del TC que lidera el presidente Cándido Conde Pumpido abandonen a sus compañeros de inspiración ‘sanchista’ y acaben por declarar y votar inconstitucional la Ley en colaboración con los otros 5 magistrados conservadores logrando una mayoría decisiva contraria a la ley del amnistía.

Y si eso se percibiera en las deliberaciones del TC podría darse el caso de que la ley de amnistía acabara siendo rechazada por unanimidad. E incluso -y por maquiavélica que parezca- con la soterrada bendición de Sánchez, quien de esa manera acabaría vengándose del chantaje de Puigdemont. Al que luego podría decirle: ‘Carles yo hice todo lo que pude y creí, como tú afirmaste, que la amnistía cabía en la Constitución, pero el TC ha dicho no’.

Y, colorín colorado, Puigdemont, el burlador burlado, acabaría extraditado a España donde entraría en prisión provisional en espera de ser juzgado y de su previsible condena por desobediencia y la malversación a varios años de cárcel. Y a la espera de que Sánchez le conceda un indulto y eso siempre que Puidemont renuncie a la ‘unilateralidad’ con la que sigue amenazando.

Un indulto personal similar a los que concedió a sus compañeros golpistas. A los Puigdemont abandonó huyendo, como un cobarde, a Bélgica, y escondido en el maletero de un coche camino de Waterloo. El lugar desde donde Puigdemont espera que Sánchez lo traiga a España en una carroza Florida como el héroe del nacionalismo catalán y el desde donde Puigdemont podría regresar esposado como delincuente malversador de fondos públicos en un furgón de la Interpol.

Sobre el autor de esta publicación

Pablo Sebastián

Pablo Sebastián, actual Editor y fundador del diario digital Republica.com, ha sido el primer periodista en fundar un diario exclusivamente digital de habla hispana en España y America, al iniciar esta su etapa profesional y digital en el año 1997 con EstrellaDigital.es, hace ya 25 años.

Pablo Sebastián, nacido en Córdoba en 1947, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y desarrolló una amplia carrera profesional en la que trabajó en todos los diarios impresos de la Transición: ABC, Diario 16, El Pais, El Mundo y El Independiente que fundó y dirigió.

Asimismo fue delegado del Periódico de Cataluña en Madrid, director de Interviú, subdirector de Tiempo, y corresponsal de EFE, ABC y Cambio 16 en Bruselas. Y más adelante corresponsal de TVE en Paris, después de haber dirigido uno de los telediarios (TD3) de la primera cadena de TVE y haber colaborado en radio con RNE, COPE y Onda Cero.

Pablo Sebastián fue vicepresidente de la APE, Asociación de Periodistas Europeos, y luego secretario general y fundador de la AEPI, Asociación de Periodistas y Escritores Independientes. Tiene en su haber el ‘Premio del Periodismo Europeo, el Premio del Movimiento Europeo, el Premio Luca de Tena, así como el Premio a la Libertad de Expresión. Durante la Transición y en la oposición al franquismo fue representante, durante su estancia en Bruselas, de la Junta Democrática de España ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.