Según el verdadero portavoz de Sánchez y corresponsal de La Moncloa en el diario El País, el presidente en funciones y líder del PSOE está decidido a aprobar la Ley de amnistía -con nombre equívoco y ‘tapadera’-, y por la vía de urgencia en el Congreso.
Lo que en el en entorno de Puigdemont consideran suficiente para apoyar la investidura de Sánchez, sin esperar al Senado, que se considera un trámite sin importancia, y una vez que el día 27 fracase el intento de la investidura de Feijóo.
De esa manera, Sánchez será presidente antes que concluya, el día 27 de noviembre, el final del plazo de las investiduras y antes de que se ponga en marcha una nueva repetición electoral.
Y todo ello desde el convencimiento que tiene Sánchez de que la nueva Ley de amnistía será convalidada en el Tribunal Constitucional con la ayuda de la mayoría progresista (seis magistrados sobre once) que el presidente del TC, Conde Pumpido, pastorea y presume controlar.
Salvo que alguno de los 6 magistrados progresistas opte, en la defensa de la legalidad constitucional y del Estado de Derecho, por romper la mayoría de Conde Pumpido y finalmente se sume a los cinco magistrados de la zona conservadora que seguramente se opondrán a la ley amnistía.
Lo que de ocurrir -que no es fácil y poco probable- volvería a poner en pie de guerra a Puigdemont, pero ya con Sánchez de presidente y diciendo al prófugo de Waterloo: ‘yo cumplí mi compromiso e hice todo lo que pude’.
Al tiempo que Sánchez pensará que una negativa del TC a la amnistía será un alivio para él y el PSOE frente al malestar de la ciudadanía y de dirigentes y ‘vieja guardia del Partido Socialista.
Y puede que también un alivio también para las poderosas élites financieras y empresariales catalanas que están ‘financiando’ los planes de Puigdemont y las organizaciones (Òmnium y ANC) y medios de comunicación independentistas.
De la misma manera que las élites financieras y empresariales españolas y nacionales financian las organizaciones y medios de comunicación afines a Sánchez, por falta de firmeza y temor a represalias del Gobierno.
Convirtiéndose estas ‘elites’ españolas en cómplices de la amnistía, del final de: la Transición y el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia. Y todo ello en pos del inicio de un cambio de Régimen en España de corte republicano y a la vez populista y confederal.