Lo único que parece seguro en el baile de máscaras de la política española es que Pedro Sánchez y el PSOE parecen haber llegado a la conclusión de que no pueden tramitar en el Congreso una Ley de amnistía por la vía de la ‘urgencia’, porque eso sería ‘un fraude de ley’ que además provocaría en el PSOE una rebelión interna y puede una gran protesta nacional.

Luego la petición de Puigdemont de que se apruebe la amnistía antes de la votación de la investidura de Sánchez parece descartada. Y ahora le toca al prófugo de Waterloo decidir si recula, decide investir a Sánchez ya, y quede a la espera de que el nuevo Gobierno, ya en funciones, tramite la indecente Ley de Amnistía como un normal proyecto de Ley.

Lo que tampoco le garantiza a Puigdemont que vaya a lograr su amnistía. Y menos aún en un corto plazo porque esa tramitación requerirá bastantes meses. Y mientras tanto el prófugo podría ser extraditado a España por la Interpol y puesto a disposición de la Justicia española.

Pero hay más. En caso de que Sánchez se empeñe en la Ley de amnistía, frente a un clamor ciudadano y en su entorno socialista (donde no paran de crecer las protestas, Cercas, Cebrián, González, Guerra, Almunia, Lambán, García-Page…), toda vía faltarán dos trámites muy importantes:

-La aplicación de la nueva Ley de amnistía por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que nada más recibir la Ley la enviará al Tribunal Constitucional presentando una ‘cuestión de inconstitucionalidad’, que bloqueará la puesta en marcha de la amnistía hasta que decida el TC..

-La decisión del Tribunal Constitucional sobre dicha Ley, una vez sabida la argumentación en contra del Tribunal Supremo, oídos los análisis de los más importantes juristas del país, y el clamor nacional contra una amnistía que amenaza la Constitución, la democracia y el Estado de derecho. Y que, para empezar, niega el principio constitucional de que todos los españoles somos iguales ante la Ley.

De manera que lo más probable es que el TC declare inconstitucional la Ley de amnistía, a pesar de las presiones que Sánchez pueda ejercer sobre su ‘aliado’ el presidente del TC Conde-Pumpido y los magistrados de afinidad progresista. Los que además están en la recta final de su carrera jurídica y no querrán acabarla con una ‘presunta prevaricación’, la destrucción del Estado y la propia credibilidad del TC, si se pone al servicio de la permanencia de Sánchez en el poder y de un delincuente y prófugo como Puigdemont.

El que además presume e insiste en que, cuando sea amnistiado, volverá a reincidir y a declarar la independencia unilateral de Cataluña, aprovechando que ya no existe el delito de sedición.

La bola de nieve de la Ley de amnistía no cesa de crecer y amenaza con la posibilidad de  estrellarse contra el Palacio de La Moncloa donde deberían de ir pensando en la opción de una repetición electoral.

Porque todo apunta a que Puigdemont no tiene escapatoria y que su pretendida llave de la gobernabilidad no le servirá para nada. Con lo que no tiene más salida que regresar a España, someterse a la Justicia y esperar un indulto si Sánchez resulta investido en las próximas semanas y, tras pasar algún tiempo en prisión, como ocurrió con sus compañeros golpistas a los que, huyendo, los traicionó.