La Moncloa, atrapada entre el lío de la ley Sánchez del sí es sí y del auto del TS, que reconoce que se ha dejado al Estado sin protección frente a los secesionistas, está patrocinando un aquelarre en el pretenden quemar a Alberto Núñez Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso y al PP.
El aquelarre tiene dos fuegos, la atención primaria y el aborto.
El 4 de septiembre de 2022 en este observatorio escribí: La sentencia del aborto se dictará en el peor momento posible, con la renovación del Tribunal constitucional de por medio y junto con el proyecto del gobierno impulsado por Irene Montero en trámites de informe del Consejo del poder judicial que la ministra quiere eludir, porque así es su concepto del poder legislativo. Esta secuencia que solo va a contribuir a poner en el tablero una cuestión que no está en el debate de la sociedad española y a devaluar al Tribunal, refleja el momento desconfianza y manipulación en la política que vivimos. La solución a esta situación, que hoy no genera ningún conflicto, debe resolverse desde el reconocimiento de la realidad.
Meses después es evidente que Sánchez activó la renovación del TC con el objetivo de situar la sentencia del aborto en un momento próximo a las elecciones de mayo y también cumplir el pacto con Oriol Junqueras que está convencido que ha pagado injustamente el precio que correspondía al fugado Puigdemont.
Alberto Núñez Feijóo, a quien querían hacer caer en el cepo, ha declarado que el aborto es un derecho de configuración legal, pero no es un derecho fundamental, lo que entiende un estudiante de primero de Derecho.
Digan lo que digan , lo cierto es que el derecho al aborto no está incluido en los artículos 15 a 29 del texto constitucional, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. La realidad es que la legislación aprobada por el PSOE desde la Ley 9/1985 parte del artículo 43 de la Constitución que proclama el derecho a la protección de salud, acudiendo al principio de reserva de ley orgánica para regular la salud sexual y reproductiva, que es el título de la ley aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
La ley de supuestos o indicaciones de 1985 que fue sustituida por la Ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo así lo dice: La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que «en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada» y, por otro lado, que «una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo».
“El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular, procurando siempre que la innovación normativa genere certeza y seguridad en las personas a quienes se destina, pues la libertad sólo encuentra refugio en el suelo firme de la claridad y precisión de la Ley. Ese es el espíritu que inspira la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo”.
La sentencia, que todavía no está redactada ni publicada - tardará un mes todavía- declarará que no ha lugar a la inconstitucionalidad de la Ley 2/2010 y previsiblemente no afirmará que es un derecho fundamental de las mujeres exento de limitaciones y sin marco legal, validando las referencias del preámbulo de la ley.
La solución final al recurso ha sido adelantada por Conde-Pumpido tras el desembarco de los magistrados nombrados por el Gobierno, lo que, sin duda, finaliza una demora inaceptable de trece años.
Después de tanto tiempo, el tufillo a hoja de ruta gubernamental con la que se ha aleccionado a los nuevos magistrados del TC inunda el ambiente. En todo caso, si el gabinete de marketing de Sánchez cree que la sentencia del aborto les va a dar algún voto suplementario, han desenfocado el tiro. En la sociedad española el debate del aborto no existe. Y lo que las mujeres constatan son las limitadas ayudas públicas y fiscales existentes que permitan compatibilizar su trabajo con la maternidad.
La realidad, publicada hoy mismo, es que en España llevamos 15 años, dese 2008 bajando el número de nacimientos anuales.
El otro incendio azuzado por producciones Moncloa es el de las protestas por la atención primaria que, movilizada por la izquierda, pone su diana en Isabel Díaz Ayuso. Olvidan que Espiridón, el símbolo de las protestas, creció y se hizo famoso en la Andalucía del PSOE, en la que a los profesionales médicos residentes se les renovaba su contrato mes a mes y se borraban las listas de espera de las cirugías.
También ha olvidado la deuda que dejaron de gasto farmacéutico impagado que tuvo que asumir a su llegada el gobierno de Rajoy.
Madrid sigue siendo un destino sanitario para españoles y extranjeros, por su oferta de salud pública y sanidad privada que contribuyen a un equilibrio envidiado en los países europeos y americanos, como lo han sido también Barcelona y Navarra en otros tiempos. Las firmas sanitarias de prestigio así lo entendieron y abrieron centros en Madrid.
El gasto total del sistema de salud que crece exponencialmente por la prolongación de los años de vida y la tecnología en los diagnósticos y tratamientos representa en España el 10,9 del PIB, 2.594 euros por habitante y año. De este gasto el 45 por ciento se destina a la retribución del personal sanitario y el 8 por ciento a los conciertos con centros privados, lo que prueba que no hay privatización en curso, ni descubierta ni encubierta.
Y la distribución del gasto prueba que el 64 por ciento se lo lleva la atención especializada, el 15 por ciento el gasto farmacéutico y el 14 por ciento la atención primaria, según informa el Ministerio de Sanidad.