Carlos E. Cue, el corresponsal de La Moncloa en el diario El País (y no al revés), ha comparado el caso Ferrovial y el choque entre Rafael del Pino y la vicepresidenta Nadia Calviño con la tensión que, en los años 80, mantuvo José María Ruiz Mateos con el entonces ministro de economía Miguel Boyer que acabó con la expropiación de Rumasa.
Una alusión y una advertencia a la que se añade la declaración del propio Sánchez y de varios de sus ministros de que ‘no consentirán que Ferrovial ponga en duda (como según ellos hizo) la seguridad jurídica de España’. Y que él Gobierno hará todo -¿todo?- lo que esté en su mano para impedir o bloquear la marcha de Ferrovial a Países Bajos.
La que según el Gobierno está motivada por cuestiones fiscales como, en su opinión, lo demuestra el hecho de que Ferrovial antes de decidirse por los Países Bajos estuvo explorando las opciones de Luxemburgo e Irlanda.
La cuestión que se plantea es la de hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Sánchez, ¿hasta la expropiación de Ferrovial como ocurrió con Rumasa o con la intervención de Banesto?
Nadie debería, por improbable que parezca económica y jurídicamente, eliminar la posibilidad de que Sánchez se lance en tromba contra Ferrovial con una ‘nacionalización’ directa o encubierta o alguna forma de bloqueo o intervención de la Compañía, con el argumento -si no encuentran motivos económicos o administrativos en la investigación en curso- del daño a la ‘seguridad jurídica’ de nuestro país.
Sabemos que no estamos en los tiempos de Rumasa, que España está en la UE donde existe la ‘libertad de establecimiento’ de las empresas europeas en todo el territorio de la UE. Y que Ferrovial tiene una excelente cuenta de resultados -en comparación con la insolvencia de Rumasa- y que cualquier forma de bloqueo o expropiación de Ferrovial certificaría la ‘inseguridad jurídica’ en España.
Pero en todo esto hay que tener en cuenta el ‘factor Sánchez’. Un personaje implacable y capaz de cualquier cosa para permanecer en el poder. Y que en este momento tiene muchos problemas dentro y fuera de su Gobierno. Y a la vista en las encuestas su posible derrota en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, como antesala de su salida del poder en las elecciones generales de diciembre.
De ahí que Sánchez utilice el anuncio de marcha de España de Ferrovial para reactivar su discurso de ‘los ricos, que no quieren pagar impuestos, contra los pobres que sufren la crisis económica’. Esos ricos ‘que fuman puros’ y que en opinión de Sánchez además conspiran en contra de su Gobierno de coalición.
Cuando todo el mundo sabe que este gobierno, de muy escaso nivel, está prácticamente roto entre los ministros del PSOE y UP y envuelto en un sinfín de problemas nacionales -con la economía de mal en peor- y muchas discrepancias internas. Lo que, además de debilitar a Sánchez lo hace más peligroso y capaz de cualquier disparate o abuso de poder.
Sabiendo, como sabe Sánchez, que si sus decisiones inmediatas en contra Ferrovial acaban chocando con la Justicia española y las instituciones de la UE ese choque o enfrentamiento político y jurídico se perderá en el tiempo mientras él, a corto plazo, habrá cosechado propaganda y rédito electoral.
