No es preciso acudir a la okupación de segundas viviendas de extranjeros en España para denunciar un fenómeno que, como es natural, afecta principalmente a unos propietarios españoles que en ocasiones serán más “vulnerables” que los mismos okupas. Pero como quiera que, directa o indirectamente, su justificación oficiosa o al menos partidista no ha hecho sino crecer en los últimos años, aplicando la socorrida plantilla de pobres y ricos, hoy toca llamar la atención sobre cómo se nos ve desde otros países. En esto sí que Spain is different para vergüenza nuestra.

Hace ya algún tiempo que un extranjero, simple conocido mío, me telefoneó desde la Costa del Sol pidiendo consejo. Cuando llegó a su segunda vivienda junto al Mediterráneo, se la encontró okupada por varias personas (no sabía exactamente cuantas) que le impidieron la entrada. La Policía le había dicho que no podía hacer nada sin orden judicial, por lo que le recomendaban buscar abogado. Así lo hizo y éste le había aconsejado volver a su país porque el desalojo podría prolongarse más de un año. Luego le había pedido provisión de fondos. Le dije que, simplemente, había tenido mala suerte porque eso le podía haber pasado a cualquiera, también a una anciana que se ausentase unos días de su casa para ser atendida en un hospital. Suscribí el consejo de regresar a su patria, despedirse de sus vacaciones en España y tomarse con calma el proceso judicial. Por caridad cristiana no añadí una sola palabra sobre el lastimoso estado en que recuperaría su vivienda, ni que habría de pagar la electricidad que tuvieran a bien consumir los okupas (luz, lavadora y aire acondicionado), así como el agua y algún etcétera más. Habría pensado que yo estaba loco o era un adicto al humor negro.

Es una pena, pero a veces nos preocupa más el eco de nuestros males en la prensa extranjera que las quejas de unos perjudicados muy mayoritariamente españoles. Estos días, coincidiendo con nuestra nueva Ley de la Vivienda, The Times y The Sunday Times publican extensos reportajes sobre los peligros que acechan a las segundas viviendas de los británicos en España. Se relatan casos concretos y se advierte de que se ha llegado al extremo de que lo mejor y más barato es pagar unos miles de euros para que el okupa se vaya a otra vivienda vacía donde repetir esa okupación que para determinados líderes políticos constituye incluso un derecho. No importa que los propietarios sean gentes de clase media y no los estigmatizados fondos buitres. Tampoco que los okupas no sean una familia con los padres en paro y algunos hijos, sino gentes que el socialista e insigne penalista Jiménez de Asúa denominaba vagos y maleantes, o sea, parásitos sociales sin oficio ni beneficio.

En fin, un problema que deben resolver el legislador, los fiscales y los jueces, sin dar lugar a que los propietarios tengan que recurrir a los servicios pagados de agencias privadas de desokupación o mediación cuya actividad hasta pudiera ser delictiva. La verdad es que las agresiones, las coacciones y las amenazas ya están castigadas en el Código Penal. También las procedentes de los mismos okupas.