La estadística es una técnica que incluye arte y que requiere credibilidad y explicaciones. En menos de gentes o regímenes autoritarios, autocráticos, las estadísticas públicas tienen poco valor, cantan lo que el torturador desea. Y en sistemas democráticos lo mejor es que las estadísticas se acepten sin discutirlas porque hay convicción de que son consistentes, que reflejan verdad o mucha aproximación a ella. Lo mejor que puede ocurrir con la estadística pública es que no haga ruido, que no huela y que no levante polémica. Con la estadística española, que tiene fama de seria y solvente, que está sometida a la metodología y observación europea hemos disfrutado de muchos años sin ruido, polémica o distracciones. Así debería seguir.

La pandemia rompió ese perfil; la estadística del COVID-19 fue muy deficiente, gestionada con poca profesionalidad plagada de inconsistencias, tantas que pese a las denuncias de expertos no se ha dado una explicación y no se ha abordado una investigación para rectificar y prevenir que no vuelva a ocurrir. Pero la pésima estadística sobre el COVID no afecta al INE que quedó excluido, sin que se conozcan las razones, de la gestión de la pandemia.

Es evidente que los datos económicos de los años de pandemia (2020-2021) están afectados por la discontinuidad de muchos procesos productivos, comparar entre esos años produce datos y series extravagantes, y se requiere algún año adicional para consolidar las nuevas series. Una caída del PIB el año 2020 de más del 11% carece de precedentes y la recuperación de cierta normalidad y continuidad en las series que enlacen con el 2019 no se alcanzará hasta el 2024.

Además, el gobierno no se resistió a lo largo del 2021 a comentarios críticos contra las estadísticas oficiales (INE) a la hora de estimar el crecimiento del PIB. Comentarios que concluyeron con la dimisión del presidente del organismo y la designación de una nueva responsable del mismo que ha conseguido revertir la crítica sin dar explicaciones.

Tampoco las dio el INE respecto al procedimiento de cálculo del precio de la luz a los consumidores que cuenta en el IPC, claramente sobrevalorado durante la etapa de precios mayoristas desbocados que tenían impacto sobre un tercio de los consumidores domésticos. Una situación que parece haberse corregido este año con una revisión del IPC desde enero que ni se ha advertido ni explicado suficientemente. Y si el IPC se transforma otro sí con respecto al PIB que a lo largo del 2022 ha sufrido revisiones y ajustes aceptados sin debate pero que por su amplitud advierten de posibles controversias a lo largo de este año.

El COVID ha alterado muchos comportamientos, ha generado muchas discontinuidades y nos coloca en una etapa nueva con sesgos por ahora desconocidos. Un proceso de ajuste que de momento produce nieblas estadísticas que requieren luces más intensas, muchas explicaciones y un trabajo cuidadoso para restaurar y reforzar la credibilidad. Tiempos difíciles para el INE.