Los errores normativos por acción u omisión tienen su precio

Henri Parot

EFEHenri Parot en un juicio en la Audiencia Nacional

Nos escandalizaba, con razón, que asesinos múltiples como Parot salieron de la cárcel demasiado pronto a pesar de sus larguísimas condenas, pero la doctrina que lleva su nombre y que trató de evitar aquellas excarcelaciones fue rechazada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La argumentación fue que el ordenamiento penal carece de efectos retroactivos en contra del reo, que se trataba de delitos cometidos antes de que la institución desapareciera en el Código Penal de 1995 y que hasta entonces había sido pacífica jurisprudencia la de su aplicación a la unidad de ejecución resultante de la suma de todas las penas pendientes de cumplimiento y no, por separado, a cada una de ellas. De hacerlo así, la redención de penas por el trabajo podría quedar en nada.

En resumen, si se hubiera suprimido a su debido tiempo la repetida redención, nadie habría tenido que inventarse la doctrina Parot y nos hubiésemos evitado el rapapolvo de Estrasburgo.

El segundo apunte se refiere al artículo 100.2 del vigente Reglamento Penitenciario de 1986, difícilmente compatible con las previsiones de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979. En ésta, los regímenes ordinario y tercero responden estrictamente a la clasificación del interno en segundo o tercer grado. La novedad reglamentaria permite, sin embargo, que el clasificado en segundo grado y sometido por lo tanto al régimen ordinario, reciba un tratamiento mixto con predominio de las características del tercero en cuanto atañe a la semilibertad y obtención de permisos. Las críticas apenas tuvieron repercusión pública en tanto el precepto empezó aplicándose casi exclusivamente en el ámbito de la criminalidad ordinaria, pero la inquietud aumenta al compás de su aplicación a terroristas con múltiples asesinatos a sus espaldas. Algo que ocurre también, aunque en tono menor, respecto a los condenados por corrupción relacionada con la política. La tercera observación no se ubica muy lejos.

La transferencia de competencias penitenciarias al País Vasco, recogida ya en el Estatuto de Guernica, ha tardado muchos años en hacerse realidad. Ahora se teme que el Gobierno autonómico aplique con excesiva generosidad el repetido artículo 100.2 RP a los terroristas que cumplan condena en Euskadi, razón ésta por la que sería interesante conocer qué criterios objetivos se han fijado para el cumplimiento de penas en aquella Comunidad. Cabe atenerse al lugar de comisión del delito, al del entorno familiar o social del penado e incluso a la clase de delito cometido y al órgano judicial que conoció del caso, con particular atención a la Audiencia Nacional. Las imprevisiones y las nebulosas siempre pasan factura y, como bien se sabe, las tardías reclamaciones al maestro armero no sirven para nada.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.