De ‘inadmisible intromisión’ califica la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo la decisión del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska de cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos del cargo de jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid en 2020.
Decisión que Marlaska justificó como ‘pérdida de confianza’ por negarse el coronel a informar al ministro de Interior Marlaska de las investigaciones que le habían sido encargadas, como ‘policía judicial’ y con absoluta reserva’, por una jueza de Madrid sobre la convocatoria temeraria de la manifestación feminista del 8-M de 2020 en pleno estallido de la pandemia del covid 19.
Para Marlaska, que además de ministro es magistrado, esta condena es una grave desautorización de su gestión pública y un hecho lamentable por el que ya debía de haber dimitido.
Una decisión ilegal del ministro que huele a venganza y a prevaricación. En la que incurrirá Marlaska si no obedece la sentencia del TS y no restituye en su cargo a Pérez de los Cabos. Al que además debe pagar los sueldos que le fueron rebajados y ascenderlo al grado de general, dado que Marlaska en ampliación de su venganza, vetó el ascenso que le correspondía al coronel.
Y lo que es peor, Marlaska ante la sentencia del TS ha cometido la infamia de verter insinuaciones de presuntas actuaciones irregulares del coronel Perez de los Cobos en relación con la ‘operación Kitchen’. Algo que nadie ha podido demostrar y que el ministro debió denunciar ante la Justicia si tuvo conocimiento de alguna irregularidad.
Pero Marlaska, abrasado políticamente por esto, la valla de Melilla y por la dimisión de la Directora de la Guardia Civil, se agarra al sillón de ministro. A sabiendas que él presidente Sánchez lo consiente y no lo cesará como no cesó a la ministra de Igualdad, Irene Montero por su chapucera Ley del ‘sí es sí’ que ya ha favorecido penalmente a más de 700 violadores y agresores sexuales.
Y esto ocurre y coincide con otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acaba de condenar, a la hasta hace poco presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás a cuatro años y medio de cárcel y a 13 años de inhabilitación por malversación.
Lo que para la hasta ahora líder del partido Juntos por Cataluña (donde milita Puigdemont) la señala como una corrupta -y no una víctima política del independentismo- y le anuncia el final de su carrera política. Aunque probablemente no entre en prisión porque el TSJC le ha pedido al Gobierno -está en su derecho según el Código Penal- que le sea concedido un indulto parcial.
Decisión que puede tomar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que seguramente acordará. Como ya concedió a los golpistas catalanes de 2017 los indultos, primero, y después una indecente reforma del Código Penal. La que, por otra parte, ha permitido que la prófuga Ponsatí ande paseándose por Barcelona y mofándose de la Justicia española.
Y lo que completa la ‘connivencia’ política y favores penales del presidente Sánchez a un variado colectivo de delincuentes en el que ahora se incluyen a violadores, agresores sexuales, sediciosos, malversadores y corruptos. Y si Marlaska acaba en el banquillo por prevaricación y resultara condenado Sánchez ampliará esta lista también a los prevaricadores dado que en caso de condena el presidente acudirá en socorro de su ministro de Interior.