La Ley de amnistía presentada por el PSOE y sus aliados en el Congreso, y que se debatirá y votará este miércoles y jueves confirma que solo responde a la ‘necesidad’ e interés personal de Pedro Sánchez para su la compra de su investidura.

Como lo acreditan los pactos firmados por el PSOE con ERC y JxC. Y desde luego no responde ni mucho menos al ‘interés general’ del país, como pretende el preámbulo de la Ley y quedó acreditado el domingo en toda España con las masivas manifestaciones en contra de la amnistía.

Y para colmo del disparate en la Ley, como lo pretendía Puigdemont, se incluyen a delincuentes condenados o procesados por delitos comunes que se presentan como ‘asesores’ de los golpistas del 27-O, para beneficiar así a delincuentes comunes como Laura Borrás o Gonzalo Boye.

Así se desprende del artículo primero de la Ley donde se dice: ‘Asimismo se entenderán comprendidos (con beneficiados de la amnistía) ‘aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco del proceso, realizados por quienes, de forma manifiesta constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo’.

En realidad da igual lo que diga esta Ley que sospechamos que podría haber sido previamente ‘bendecida’ por el entorno del ‘sanchista’ presidente del TC, Conde-Pumpido, para justificar su aceptación.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma Sánchez les ha comprado los votos de Junqueras y Puigdemont para volver ser presidente del Gobierno con una Ley de amnistía inconstitucional por su flagrante desigualdad entre delincuentes malversadores en el solo beneficio de los malversadores golpistas.

Y sin garantía de mejora de la convivencia catalana, porque los golpistas se reservan (sin renunciar a la ‘unilateralidad’)la posibilidad de volver a declarar la independencia catalana si no les conceden el referéndum de autodeterminación.

Y todo ello sin beneficio alguno para la inmensa mayoría de los españoles y al tiempo que se provoca una fractura nacional de consecuencias que veremos hasta donde llega.

Una Ley que conculca el Estado de Derecho. Y a la que se añade, en los pactos firmados entre Sánchez y Puigdemont, la amenaza de que el Congreso pueda investigar (Lawfare) por presunta prevaricación de los magistrados que juzgaron y condenaron a los golpistas.

Asimismo la Ley de Amnistía pretende obligar a su aplicación inmediata para bloquear la la cuestión de inconstitucionalidad que presentará el Tribunal Supremo ante el TC y que obligará a la suspensión de la aplicación de la Ley tal y como lo recoge la Constitución.

O sea, Pedro Sánchez en estado puro arrasando la convivencia nacional, las instituciones y negando la Nación Española para seguir en la presidencia del Gobierno unos meses más. Porque, con estos disparates y esas compañías, la legislatura no sobrevivirá cuatro años como pretende el autócrata de La Moncloa, porque este país y sus instituciones no lo consentirán.