Algo más de cuatro mil letrados judiciales van a disfrutar de una subida salarial extraordinaria (del orden de 450€ adicionales al mes en varios años) como resultado de la presión de una huelga que ha retrasado cientos de miles (dicen que 300.000) de procedimientos judiciales. El daño de la huelga es incalculable y lo van a sufrir decenas de miles de ciudadanos que por el retraso de los procedimientos se verán perjudicados en sus derechos.

¿Qué tienen que ver esos perjudicados por la deficiente gestión de la justicia? Es evidente que nada, pero son ellos los que van a sufrir y pagar el conflicto. El ministerio de Justicia ha ejercido de patronal muy poco responsable en este conflicto. Al ministerio corresponde gestionar ese colectivo de funcionarios públicos, y su huelga no perjudica a los altos cargos del ministerio que no han sabido gestionar la negociación con los letrados judiciales.

Aceptar esos 450 € mensuales adicionales podía haberse hecho desde primera hora evitando que miles de ciudadanos convertidos en rehenes forzosos e involuntarios paguen el fracaso. La Constitución en su artículo 28 (título I de derechos y libertades) establece el derecho de sindicación (párrafo 1) y el de huelga (párrafo 2) para dejar claro “el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.” Con el añadido de que: “la ley que regule el ejercicio de ese derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

No ha habido desarrollo legislativo de ese derecho, aunque existe jurisprudencia para cubrir el vacío. Lo que queda claro en la Constitución es el deber de asegurar servicios esenciales”, ¿qué más esencial que el servicio de justicia? Si los perjudicados decidieran reclamar la reparación de sus derechos e intereses a cuenta de los causantes del perjuicio (el ministerio y los letrados) los tribunales tendrían un caso interesante para acreditar la vigencia de la Constitución.

La señal que manda este caso es que cualquier colectivo con capacidad para hacer daño social dispone de la oportunidad de exigir porque nada va a detenerles. La huelga ha sido un éxito, tanto como el daño causado a los ciudadanos y a la justicia.