El espectáculo de filibusterismo procesal que está dando Garzón para no responder ante la Justicia de sus presuntas responsabilidades penales de prevaricación, cohecho y escuchas ilegales, y la movilización política y social de la que el juez estrella y sus amigos han hecho gala para presionar e insultar a los altos magistrados del Supremo que lo investigan y que lo van a juzgar -de momento por su pretendida causa general contra el franquismo- tiene una derivada frente al Consejo General del Poder Judicial. El que hoy mismo debería abordar la suspensión del juez en la Audiencia Nacional, sin atender a escusas, trucos y dilaciones como la burda pretensión de trasladarse al Tribunal Penal Internacional. Una maniobra de última hora que constituye a todas luces un “fraude de ley” y una tomadura de pelo al CGPJ. El que de acuerdo con la ley no debe ni puede anteponer la fuga de Garzón hacia este tribunal de La Haya a su obligada suspensión en la Audiencia Nacional, de acuerdo con los precedentes y con la ley.

Si eso no ocurriera el prestigio del Consejo del Poder Judicial quedaría por los suelos y en ese caso el magistrado, tan exigente él con todo el que ha pasado por su juzgado, con excepción de sus amigos poderosos, habría conseguido demostrar que todos no son iguales ante la ley -recuérdese como trató el CJPJ al ex juez Javier Gómez de Liaño- y Garzón, que lleva días abusando del procedimiento con falsos recursos y recusaciones, acabaría ganando una partida que pretende jugar con las cartas marcadas y con el descarado apoyo de este gobierno que tantos servicios le debe.

Y si el CGPJ decide suspenderlo en la Audiencia Nacional entonces asistiremos a otro golpe de efecto del juez estrella que, en ese caso, podría abandonar la carrera judicial para bloquear la acción del Tribunal Supremo e intentar huir hacia Holanda, asunto al que debería oponerse el propio Consejo del Poder Judicial porque un magistrado que tiene juicio pendiente por causa de prevaricación y otras dos imputaciones graves, no puede representar a España en ninguna parte y menos aún en una corte internacional, aunque sea como asesor o consultor externo, diga lo que diga el ministerio de Asuntos Exteriores.

Ya está bien de juez Garzón, sus pompas y sus trucos, y hora es que se le ponga en su sitio y que salga de la judicatura hacia su casa o hacia las listas electorales del PSOE que parecen ser su próximo destino, y donde ya estuvo una vez para integrarse en el gobierno de González del que luego se marchó porque no le hicieron ministro.

En medio de la grave crisis política y económica en la que este país está inmerso solo le falta a España aumentar su descrédito internacional, que ya es muy alto, transmitiendo la imagen de caos judicial e inseguridad jurídica como se ha podido constatar con los ataques e insidias que los amigos de Garzón han lanzado contra el Tribunal Supremo, o las presiones que ejercen en este momento contra el Poder Judicial, sin olvidar los otros ataques políticos e institucionales del gobierno catalán y de los nacionalistas de esas tierras contra el Tribunal Constitucional.

Aplíquese pues la ley y la normativa a Garzón y haga el CGPJ lo que tiene que hacer que no es otra cosa que su inmediata suspensión en la Audiencia Nacional y como juez a la espera de ser juzgado, lo que le impediría asumir ningún trabajo en la corte internacional. Y si Garzón quiere abandonar la carrera judicial y retrasar su cita con la Justicia allá el porque tarde o temprano tendrá que sentarse en el banquillo y responder ante la ley de sus abusos y desafueros que a la vista están. De ahí la importancia de la cita que hoy tiene Garzón ante el CGPJ, y la importante y grave responsabilidad que tienen los consejeros del tan alto órgano del Poder Judicial para no defraudar no solo a los ciudadanos sino también al Tribunal Supremo del que Garzón se ha querido mofar como lo intenta hacer también frente al propio Consejo del Poder Judicial.