Un hecho incuestionable es el demográfico: vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida (algo positivo y costoso) y menos poblada. Se alarga la edad del fallecimiento (más allá de los 85 años) y por ello el período típico de percepción de pensión por jubilación. Las personas en puertas de jubilación pertenecen a los cortes de nacimientos más elevados (baby boom) que serán financiadas con las cotizaciones de generaciones mucho más cortas; los nacimientos durante la presente década se quedan a la mitad de los de los años sesenta y setenta. El dato demográfico es indiscutible, se puede modificar en el futuro algo por migraciones u otras circunstancias, pero poco.

Otro dato tampoco cuestionable, aunque con matices, es que el crecimiento económico de las próximas décadas tanto en términos cuantitativos de producto como de empleo, no serán elevados, especialmente en los países desarrollados como España y Europa.

La conclusión de ambos datos (más que hipótesis) es que habrá menos cotizantes para financiar las prestaciones a más pensionistas. Para cerrar el hueco solo caben tres caminos:

Primero, endeudar el sistema de pensiones (lo que en España se viene haciendo desde 2010 con el Tesoro como financiador), lo cual tiene límites antes o después. Este es el camino más sencillo e inmediato, aunque carece de futuro, pan para hoy hambre para mañana. Es la tentación de políticos y gobierno ofuscados por ganar elecciones.

Segundo, aumentar los ingresos con incremento de las cotizaciones, que detraen parte del salario; que sea mediante el aumento de la cuota atribuida al trabajador o a la empresa es retórico, todo es salario diferido del trabajador. Aumentar los costes salariales se traduce en menos renta disponible y tiene consecuencias de segunda ronda en la competitividad y en el empleo. Funciona a medio plazo y no preocupa a los políticos ofuscados de pensamiento desordenado.

Tercero, actuar sobre las prestaciones bien sea reduciéndolas o actuando sobre el periodo de cómputo para fijar su cuantía. Medidas graduales que de hecho están en vigor al alejar la jubilación (de 65 a 67 años) y ampliar el plazo de cómputo (de 15 a 25 años) o incluso más drásticas como las adoptadas por el gobierno Zapatero el año 2010.

Una estrategia gradual y prudente pasa por combinar los tres procedimientos para mitigar los efectos sobre los pensionistas garantizando sostenibilidad. Es lo que viene haciéndose desde hace más de diez años con consensos relativos por imperativo de la confrontación política mal entendida. El PP no votó la reforma del PSOE, aunque sabía que era sensata y correcto como reconoció Rajoy. Y otro tanto hizo pocos años más tarde el PSOE contra el PP. Perdieron oportunidades para abordar tema de calado y futuro. El corto plazo, el de los políticos les domina. Su liderazgo es débil y su capacidad para la pedagogía muy limitada.

Para unos y otros partidos las pensiones son dato fijo de la ecuación, un tabú que hay que garantizarlas para no perder las elecciones. El caso francés ilustra esa hipótesis, Macron tuvo que retirar su reforma para lograr la reelección y ahora chapotea de nuevo con el problema. La ciudadanía no quiere cambiar el estatus, temen que sea para perder; no se fían.

Las pensiones son un problema a largo plazo (más de cuatro años) de manera que no entra en la agenda de ningún político con pretensiones de ganar. Llegará un día en el que no quede espacio ni para el endeudamiento, ni para el encarecimiento de las cotizaciones, y ese día tocará abordar el problema con la tercera alternativa, en las peores condiciones imaginables para el que esté al cargo. Será su epifanía, semejante a la de Zapatero el 2010. Mientras tanto, patada adelante y que siga el juego. La política no da más de sí, no ve más allá del horizonte de la legislatura y las próximas elecciones.

Entre tanto todo el espacio lo llenan los argumentarios populistas, aunque la demografía no descansa, es un fijo de la ecuación.