Las pensiones merecen consenso amplio (en el futuro)

Las pensiones merecen consenso amplio (en el futuro)

EFEGobierno y sindicatos firman el acuerdo para la reforma de las pensiones

Escrivá contra el mundo, al menos contra el mundo que no está en su lado del gobierno. Todos los expertos que no escuchan a Escrivá están equivocados, no han estudiado las cifras del ministro y están desfasados. Eso dice el ministro. No es fácil de creer que todos esos expertos que critican los números de Escrivá y que llevan muchos años estudiando las pensiones españolas, sean malintencionados o torpes. Más aun esa seguridad de Escrivá acerca de que su alternativa es la única, la solvente, la que garantiza el futuro de las pensiones para siempre… no es la mejor presentación, por excesiva.

No hay que ser un lince para tener en cuenta que en cuestión de prospectiva (y las pensiones son proyecciones a mucho futuro) hay que andarse con mucha cautela y que conviene fijar plazos de revisión porque la realidad es esquiva y trae sorpresas.

Por estas y otras razones las pensiones merecen consensos muy amplios y llevamos una década (desde la reforma socialista de 2011) sin consenso y, por ello mismo, con inseguridad para el futuro. La historia de las pensiones en España, desde la reforma Almunia de 1993 nos dice cualquier decisión que modifica el statu-quo es polémica. El caso más extremo es el francés.

Cuando el gobierno de Felipe González amplió el período de cálculo de la base de pensión de la media de dos años a ocho los sindicatos llamaron a la huelga general. ¿Se imaginan cuánto hubiera durado el sistema de pensiones sin aquella reforma? Otro tanto ocurrió con la reforma de 2011 que amplió progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años. Los sindicatos también llamaron a otra huelga general de escaso éxito. Es cierto que ahora los técnicos de los sindicatos afinan más y mejor pero no son los mejores consejeros a la vista de la experiencia histórica.

Reclamar subida de las pensiones, mejores condiciones de acceso es legítimo y es sencillo. La cuestión está cómo financiarlo. Hasta ahora ha servido el argumento de los “gastos impropios” para justificar transferencias del Tesoro al sistema de pensiones que disminuyen el déficit ordinario. Más claro y serio hubiera sido que el Estado asumiera directamente esos “gastos impropios” debidamente auditados.

Ahora esa vía está cegada, queda la de que el Presupuesto asuma parte de las pensiones, por ejemplo la viudedad, para volver a encajar el problema a costa del Tesoro. Sospecho que será en un futuro lo que se propondrá para ganar tiempo. Entretanto Escrivá ha optado por la subida de los ingresos mediante el aumento de las cotizaciones, en concreto las de salarios más altos, que siempre tienen buena presentación.

Escrivá argumenta que apenas supone unas décimas de aumento de los costes laborales que son muy bajos en España. Pero si se trata de un aumento leve la recaudación no puede ser relevante, no casa. Y para alcanzar el equilibrio del sistema contributivo hacen falta ingresos sustanciales.

Esta reforma no será la definitiva, solo gana un poco de tiempo para pasar las elecciones y volver a hablar en un futuro próximo. A ver si en ese omento hay consenso para un tratamiento menos emotivo, más sereno y más profesional.

Sobre el autor de esta publicación

Fernando González Urbaneja

Nacido en Burgos en 1950, licenciado en Ciencias Políticas y titulado en Periodismo.

Desde 1999 hasta el año 2006 profesor asociado del departamento de Historia Económica en la Universidad Carlos III.

En la actualidad es colaborador habitual de los diarios ABC y otras publicaciones. Desde noviembre de 2003 a diciembre de 2011 preside la Asociación de la Prensa de Madrid y desde abril del 2004 hasta septiembre de 2008 Presidente de la Federación de Periodistas de España (FAPE).

Autor de los libros “Rumasa” (Planeta, 1983); “Banca y poder, la pasión por ser banquero” (Espasa Calpe, 1993); “Ética en la empresa informativa” en “Ética y empresa, visión multidisciplinar”, (Fundación Argentaria-Visor, 1997).

El Gobierno le designó en mayo de 2004 como miembro del comité de expertos para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado.

Actualmente es Decano del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Antonio de Nebrija.