Las aguas de Gibraltar

Una de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera.

EFEUna de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera.

La falta de una delimitación mutuamente aceptada de las aguas españolas o gibraltareñas (es decir, británicas) está en la raíz del último incidente en la costa levantina del Peñón. Una embarcación de nuestro Servicio de Vigilancia Aduanera que, de madrugada, persiguiendo a unos presuntos contrabandistas de tabaco y probablemente por una avería en su motor, acabó en una de las pequeñas playas levantinas de esa colonia. Los agentes españoles fueron apedreados y tuvieron que disparar al aire. Dos de ellos resultaron heridos.

La declaración conjunta del Gobernador y del Ministro Principal de Gibraltar denuncia una violación de la soberanía británica y califica el incidente como el más grave y peligroso desde hace muchos años. Para España se trataría de una “operación en el marco de la lucha contra el contrabando en territorio y aguas españolas cercanas al Peñón”. El problema está en que esas aguas, las de la llamada Playa de Levante, no se incluyen en el Tratado de Utrecht, circunscrito a la ciudad, el puerto de Gibraltar y sus aguas, todo ello en la costa de poniente, frente a Algeciras, en la bahía que lleva este nombre.

Poco importaban entonces la vertiente oriental del promontorio que sirve de espinazo a la actual colonia británica y, menos aún, sus aguas limítrofes. Allí la pared del risco es casi vertical, por lo que no había ningún núcleo de población. Sólo durante los últimos años se han levantado en la zona, ganando terreno al mar, los consabidos complejos turísticos. Lo malo es que, al ejecutar el Tratado, España aceptó que la cesión abarcara bastante más de lo convenido. No se trazó una frontera desde el norte al sur del Peñón sino una línea de este a oeste dejando también bajo soberanía británica la vertiente orientada hacia el Mediterráneo.

Aunque la situación fáctica en tierra firme puede darse por consolidada, no ocurre lo mismo con las aguas, sean de la bahía de Algeciras, sean en las mediterráneas ¿Debería intervenir un juez español, el de La Línea o San Roque, para levantar el cadáver de quien se bañaba a escasos metros de la orilla gibraltareña?. El Reino Unido propuso en tiempos de Franco llevar a un tribunal o a una mediación internacional todos los problemas relativos a las aguas que rodean al Peñón. La propuesta fue rechazada con el argumento de que únicamente nos interesaba la descolonización.

Quizá conviniera reflexionar sobre aquella posibilidad. En estos litigios lo normal es que la potencia más fuerte imponga su criterio en el día a día. Las autoridades británicas seguirán actuando unilateralmente en las aguas que consideran suyas conforme a su aplicación actualizada del Tratado de Utrecht. Y nosotros seguiremos enviando unas protestas que no servirán para nada.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.