La ley no solo ha laminado la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas con el apoyo de los secesionistas de ERC y la marca blanca de ETA, tan independentistas que picotean en la mano del Gobierno a cambio de los presupuestos de la Generalidad y del acercamiento de presos, vacaciones en las penitenciarias del País Vasco. También la ley rezuma métodos del franquismo legislativo del pasado siglo.

El Gobierno de Sánchez ya ha demostrado su tendencia a la autarquía en el caso Ferrovial que ha resistido las presiones, incluso los concurrentes recados fiscales que la titular de Hacienda mandó a su presiente, Rafael del Pino, a los pocos días de anunciarse el acuerdo del Consejo de administración.

En nuestra democracia de 1978 ha habido un cambio radical en la regulación de los arrendamientos que derogó en dos momentos temporales distintos la prórroga forzosa, que se imponía obligatoriamente en los contratos de arrendamiento y las subrogaciones.

Hasta 1994 estuvo vigente la ley de arrendamientos de 1964, legislación aprobada en el régimen franquista en la que se congelaban las rentas y se permitían las subrogaciones inter vivos y por fallecimiento, lo que daba lugar a las numerosas viviendas de renta antigua en las que no se contemplaba un mecanismo legal de actualización de rentas.

Como consecuencia, el mercado de alquiler estaba contingentado en las circunstancias excepcionales de los años posteriores a la guerra civil, en los que se había constituido el Instituto de viviendas devastadas que se reconvertiría más tarde en el marco del Instituto de Crédito Oficial en un sistema de financiación en materia de vivienda.

El 30 de abril de 1985 se produjo un cambio radical. Miguel Boyer ministro de Hacienda con Felipe González aprobó un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, permitió la conversión de viviendas en locales de negocio y la supresión de la prórroga forzosa en los contratos arrendamiento. Además de medidas fiscales que favorecían la adquisición de primera e incluso de segunda vivienda.

El PSOE que modernizaba España, liberalizaba la economía y prepara al país para entrar en Europa, cambió radicalmente las normas de arrendamientos de los veinticinco años de Paz.

En 1994, el Gobierno de Felipe Gonzales, suprimió las subrogaciones inter vivos, excepto en los casos de separación o divorcio, fijó en cinco años la prórroga máxima en el caso de arrendadores personas físicas y de siete años si eran personas jurídicas y actualizaciones de las rentas antiguas congeladas con compensaciones fiscales a los arrendadores poco significativas. Pretendió con ello fomentar los contratos de arrendamiento, con escaso éxito, ya que no continuó la liberalización iniciada por Miguel Boyer y el parque de viviendas en arrendamiento continuo mayoritariamente en propiedad de personas físicas como arrendadores.

Según los datos de Eurostat, un 22 por ciento de los hogares españoles vive en situación de arrendamiento, porcentaje muy inferior al de Francia, Gran Bretaña o Alemania. Y las empresas en el sector de arrendadores que pueden calificarse de grandes tenedoras solo representan un 2,8 por ciento del total, según información de diario económico Cinco Días. Lo que demuestra el escaso atractivo de una gestión empresarial por empresas con esta actividad, sin duda ante la demora judicial en los desalojos y cobro de rentas impagadas.

Si después de leer este artículo reproduce la intervención de Pedro Sánchez acusando al Partido Popular de neoliberalismo depredador y de haber propiciado la entrada de grandes fondos buitres en el sector de arrendamientos, verá que basta con leer lo que decían las exposiciones de motivos de las distintas leyes para comprobar que seguimos en un régimen proteccionista al que se pretende dar un nueva vuelta de tuerca: trasladar a los propietarios la obligación de cumplir la política social, sufragando directamente de sus bolsillos lo que las administraciones deben hacer con los recursos públicos que les aportamos todos los contribuyentes.

Estrategia de producciones La Moncloa: identificar un enemigo, desacreditarlos públicamente como un poderoso depredador y pasarle la cuenta de lo que el Gobierno debería hacer con los presupuestos generales del Estado.

La excusa que no cuentan es que el gobierno tiene que pagar las cuotas que le exigen sus socios preferentes para que mantengan su apoyo parlamentario.