El escrache organizado a Isabel Díaz Ayuso en la facultad de ciencias políticas de la Complutense es una manifestación de la ocupación que una izquierda lanar ha hecho de algunas facultades.

Ya le organizaron también una tangana a Rosa Díez, una política que venía del socialismo y había cometido el pecado de ser crítica con Ferraz, con el gobierno de Zapatero y fundar un partido político.

El 21 de octubre de 2010, en un acto en la facultad de políticas, en el que comparecía como diputada, apareció un cartel con el siguiente texto: Rosa Díez, victima profesional y asesina legal. Incluso accionaron la alarma de incendios para boicotear su intervención.

Ciencias políticas particularmente debería ser la facultad a la que acudiesen con mayor asiduidad políticos, a fin de debatir abierta y libremente con los estudiantes la gran variedad de cuestiones que forman parte de su temario en los distintos cursos.

Los regímenes electorales, la relaciones entre las instituciones del Estado, las campañas electorales y tantas otras materias desde una perspectiva nacional e internacional que formen a los estudiantes y les habiliten para ser licenciados o doctores.

Lo que debería se natural hoy es imposible. La constante son actitudes protagonizadas por sectores de universitarios en la órbita de la izquierda radical de Podemos que ha ocupado esta facultad.

El acoso a Díaz Ayuso ha sido justificado por el ministro de Educación de Sánchez que se refería, como causa exculpatoria, a la libertad de expresión y por el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Lobato. Este desconocido político, del que solo puede decirse que es la nada, ha dicho que Díaz Ayuso había ido a provocar, a encender a la gente y a generar conflictos en vez de consensos.

Estas explicaciones están próximas en la historia política a las deformadas justificaciones de regímenes no democráticos que quieren silenciar a sus opositores. El régimen venezolano de Chávez y Maduro es un ejemplo de esta práctica.

El otro asunto de la semana ha sido la respuesta al asesinato del sacristán de la Iglesia de la Palma de Algeciras tras las heridas causadas al párroco en la iglesia de San Isidro. El terrorista tenía una orden de expulsión desde hace ocho meses, fallando los criterios de control que el Ministerio del Interior debe tener en su trabajo ordinario.

La inmigración ilegal está bajo la competencia del Gobierno de Sánchez y tiene que regular medidas activas de control, especialmente cuando el sujeto fue identificado en el mes de junio en la ciudad de Cádiz, sin que fuera destinado a un centro de internamiento.

Parece evidente que las relaciones fluidas con Marruecos deben incluir la coordinación policial preventiva y ejecutiva en las órdenes de expulsión. Y que si no se produce la entrada en un Centro de internamiento, mientras se tramita la orden de expulsión, se mantenga un seguimiento de su actividad, identificando dónde reside, el medio de vida e imponiendo su comparecencia periódica ante la policía.

La dirección de Grande-Marlaska al frente de Interior pasará a la crónica de la historia política como el ministro del atentado de Algeciras y de los muertos en el asalto a la valla de Melilla de junio de 2022, cuyas mentiras fueron expuestas en el video de la BBC titulado Muerte en la frontera.

Hoy es un ministro agotado, cuyas comparecencias en el Congreso generan desconfianza e inseguridad que es lo nunca debe identificar al responsable de la seguridad del Estado.