La moción de censura, que presentada por Vox propone a Ramón Tamames como candidato a obtener la confianza de la Cámara, tiene una crónica final anunciada.

El sistema electoral, el modelo parlamentario y la política española producen un escenario rígido e inflexible. La moción de censura es una moción de confianza al candidato propuesto, que tiene que llegar con una mayoría previamente concertada. Todo lo que se hace en el Congreso responde a la aritmética respectiva de los grupos parlamentarios que se establece el día 1 de la legislatura y finaliza con la convocatoria de nuevas elecciones.

Más aun cuando la única moción de censura que ha prosperado en nuestra historia es la que desalojó a Mariano Rajoy del gobierno que estaba en minoría y no quiso, no pudo o no supo atar un pacto de supervivencia con alguno o algunos de los grupos parlamentarios minoritarios.

Pedro Sánchez subió la puja, pactó contraprestaciones a diestro y siniestro y aseguró un escenario de poder en el que todos los que le apoyaran ganaban. Lo que en técnicas de negociación se conoce como win to win.

Evidentemente, lo que se identifica como los grupos que integran el bloque de sostén al gobierno de Sánchez no tiene ningún interés en la moción de censura en el mes de marzo de 2023, con una legislatura a término y elecciones municipales y autonómicas a menos de dos meses vista.

Lo que traducido significa que no estarán dispuestos a glosar la política de Sánchez en estos años, ni ratificarla con un cheque en blanco. No van a validar la profesión atlantista de Sánchez, posicionado sin reserva a favor del West ante la invasión rusa de Ucrania. Pero tampoco van a dedicar ni un elogio personal a Ramón Tamames presentado por Vox.

Como ha propuesto sin éxito Rufián, lo que menos les perjudicaría es el boicot. No contestar a Tamames o una intervención de cinco minutos para decir no a un candidato del partido del que lo mas suave que dicen es que es la ultraderecha.

Una faena rápida tiene también un beneficio personal para los portavoces de Podemos, ERC, Batasunos y demás acompañantes, ya que no quedaría patente su dificultad de comprensión ante la sima intelectual y de formación que les distancia del candidato.

Ramón Tamames va a dar una lección magistral. Nadie puede objetar su compromiso de defensa de la democracia, de las libertades y lo que ha aportado durante la transición para impulsar la integración de la izquierda en la Constitución de 1978. Su independencia de libre pensador, su formación académica y su capacidad intelectual, analizando el presente y reflexionando sobre el futuro de la economía, las relaciones internacionales y el medio ambiente, le aportan un bagaje que traerá al Congreso una última conferencia. Como las que dan solemnemente los catedráticos cuando se jubilan en la Universidad.

Hay un libro, best seller, escrito por Randy Pausch, profesor de ciencias informáticas titulado La última lección, The last lectur, que parte de la pregunta “Qué sabiduría impartirías al mundo si supieras que es tu última lección”. El libro recoge la última conferencia del profesor en la universidad de Carnegie Mellon en 2007 que tuvo un gran éxito retransmitida por internet.

Lo previsible es que Pedro Sánchez aproveche la moción para convertir la sesión del Congreso en una laudatio de su gobierno y recurra a datos económicos para probar la tesis de la vicepresidenta Calviño de que España no es que vaya bien, es que está mejor que los grandes países de Europa.

A Alberto Núñez Feijóo y al PP nada les va este escenario patrocinado por Vox, ni con Tamames ni con Abascal, salvo reiterar que la moción de censura está en la calle y no el mundo irreal en el que habita Sánchez y su gobierno agotado. Recordando que lo irrefutable es que quienes ciertamente se benefician de su política son los delincuentes por delitos sexuales y violadores que ven reducidas sus condenas o son puestos en la calle. Y también los secesionistas, a quienes ha pretendido hacer un Código Penal a la carta para cumplir el acuerdo de investidura, votos a cambio de indultos y revocar las penas de inhabilitación que les impiden presentarse a las elecciones.

Por delante quedan 10 meses hasta el fin de la legislatura y el partido se empieza a jugar el último domingo de mayo.