Pretende la Ley de amnistía de Pedro Sánchez no sólo amnistía para los golpistas catalanes de 2017 y los amigos de Puigdemont sino también y, una vez aprobada la Ley de amnistía en el Congreso, que dicha Ley sea de aplicación inmediata sin esperar a que el Tribunal Constitucional dicte su sentencia sobre los ‘recursos y cuestiones de inconstitucionalidad’ que le serán presentados.
Pero la aplicación de la amnistía la tiene que ejecutar el Tribunal Supremo que, previamente, presentará cuestión de inconstitucionalidad sobre las cuestiones de fondo de la amnistía, especialmente en lo relativo a la más que flagrante ruptura del principio constitucional de la ‘igualad’.
Y porque la motivación de la Ley no es la ‘convivencia’, en Cataluña como se afirma en la ‘exposición’ inicial de la motivación de la Ley, sino el sólo y flagrante beneficio de Sánchez para su investidura, como lo acreditan los pactos firmados por el PSOE con ERC, JxC y PNV.
Sin olvidar que en la exposición de motivos con la que este Gobierno justificó los indultos a los golpistas en la pasada legislatura, se dice textualmente que ‘la amnistía es inconstitucional’. Que es lo mismo que han dicho Sánchez y sus ministros durante la campaña electoral del 23-J.
Pero, además, el Tribunal Supremo tendrá que presentar una segunda y puede que simultanea ‘cuestión de inconstitucionalidad’ sobre el apartado de la Ley en el que se anuncia que la aplicación de la amnistía será de manera inmediata tras su aprobación en el Congreso de los Diputados.
Señalando dicha Ley de amnistía, en su artículo cuarto el que ni siquiera una ‘cuestión de inconstitucionalidad’, como la que con seguridad planteará el Tribunal Supremo, puede frenar la aplicación de la ley de amnistía.
Lo que a su vez vulnera la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional donde se afirma expresamente que si un tribunal, como el Tribunal Supremo, planteará ‘cuestión de inconstitucionalidad’ sobre una Ley aprobada en el Congreso, dicha Ley no podrá aplicarse hasta que, sobre ella, dicte su sentencia el TC.
De ahí la doble o simultánea ‘cuestión de inconstitucionalidad’ que ante el TC tendrá que plantear el Tribunal Supremo. Y sería extremadamente grave que el presidente del TC, Conde-Pumpido y sus magistrados progresistas afines, no sólo den por buena la Ley de amnistía -lo que se convertiría en un escándalo- sino que además el TC intente violentar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para favorecer la aplicación inmediata de la Ley amnistía.
Porque si ocurriera algo así el Estado de Derecho español, que está herido de muerte, saltaría por los aires. Y los magistrados del TC que se prestarán a esta doble infamia habrían incurrido en delitos de ‘prevaricación’ del que serían acusados por jueces y fiscales.
Cabe imaginar que Sánchez sabe que la Ley amnistía no será aplicable de manera inmediata cuando la apruebe el Congreso, pero el PSOE añadió la variante de la aplicación inmediata de Ley de amnistía para engañar a sus aliados nacionalistas y asegurarles, sin decir verdad, que la amnistía será de aplicación inmediata en el plazo de seis meses, lo que es imposible y falso.
Pero Sánchez, que ha engañado a todos los españoles, cree que va a poder engañar a Junqueras y a Puigdemont. Los que se pueden pasar un año o dos a la espera de que se aplique la amnistía.
Si es que no la para la Justicia europea o, incluso, si finalmente se la declara inconstitucional el TC. Lo que nadie debería descartar. Bastaría que dos de los magistrados progresistas del TC actúen en conciencia y apliquen con rigor la legalidad imperante en nuestro país.
