Hablamos de Administración de Justicia porque ésta es la expresión utilizada generalmente por el ciudadano que se acerca a un juzgado o tribunal, pero tras esa denominación se encuentra el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado junto al Legislativo y Ejecutivo. El contrapeso entre esos tres poderes es esencial en toda democracia, de manera que el lector podrá sacar sus conclusiones en lo que atañe al estado actual de nuestra Administración de Justicia y, consecuentemente, de nuestro Poder Judicial.
De un lado, se agrava la tradicional falta de medios personales y materiales. Algo se ha hecho, naturalmente, pero mucho más queda por hacer, empezando por aumentar las correspondientes plantillas de jueces, fiscales y demás funcionarios. Las comparaciones con lo que ocurre en los tan repetidos países de nuestro entorno son sencillamente desalentadoras. Me remito a los datos sobre la cifra de estos funcionarios respecto a la población en cada caso. Este problema de fondo se traduce inevitablemente en la calidad del producto ofrecido a la ciudadanía. Podrá decirse que, pese a todo, la calidad de nuestras sentencias nada tiene que envidiar a la de las dictadas en otros países europeos, pero eso sería a pesar de nuestras deficiencias, salvadas mejor o peor por el trabajo extra de nuestros profesionales de la justicia. Tampoco los males ajenos deben ser un consuelo. La justicia tardía no es justicia y, en la España de hoy, y me refiero especialmente a la jurisdicción penal, hay muchísimos asuntos pendientes desde hace ya bastantes años. Tanto es así que la aplicación de la agravante de dilaciones extraordinarias e indebidas, con la que la pena descenderá considerablemente, va convirtiéndose en algo así como una cláusula de estilo a favor del delincuente, mientras se olvida el derecho de la víctima a que aquel sea juzgado a su debido tiempo y condenado a la pena legalmente fijada para su delito.
El exceso de trabajo repercute también en la proliferación de acuerdos entre la acusación, incluidos los fiscales, y la defensa, evitando de ese modo los juicios y la enojosa actividad probatoria. De la inicial acusación provisional con muchos años de prisión se desciende a una prisión no superior a dos años y con la fundada esperanza (a las estadísticas me remito) de que además se suspenderá la ejecución de la pena y el condenado no verá siquiera la cárcel. Una institución que en principio puede ser razonable se convierte así, dada las circunstancias, en una práctica poco acorde con la justicia.
Luego viene la frecuente descalificación de los jueces, en particular de los magistrados del Tribunal Supremo, a los que desde algún ministerio se les tacha repetidamente de ignorantes machistas porque aplican una ley en sentido contrario al que le gustaría a su promotora, absolutamente lega en derecho. Algo igualmente inaudito en una democracia europea. Si a todo lo anterior añadimos el deterioro legislativo de estos últimos años, con innumerables reformas urgentes, contrarreformas y revisiones de sentencias a favor del reo, el panorama se oscurece todavía más. Y si al quehacer de los jueces en asuntos de tal entidad como el de la sedición en Cataluña o las malversaciones institucionales se responde con un indulto contra el parecer del Tribunal Supremo, y con cambios legales minimizando la gravedad de aquellos delitos, pues tanto peor.
De otro lado, ahí está el Consejo General del Poder Judicial, renqueando en sus funciones porque los políticos no se ponen de acuerdo en su renovación. Son los Santos Inocentes de la situación, pero se les priva de competencia para nombrar magistrados del Tribunal Supremo y otros altos cargos judiciales, lo que redunda en un peor funcionamiento general de la Administración de Justicia.
Podríamos seguir con el capítulo de agravios comparativos, pero terminaremos citando sólo uno de plena actualidad y consecuencias. Acabada con un aumento de 400 o 500 euros mensuales la huelga de letrados del Ministerio de Justicia, que supuso la suspensión de innumerables juicios y otras diligencias, los jueces, fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia ya han comenzado o anunciado las suyas para conseguir mejoras salariales y de otro tipo. En el horizonte, pues, más retrasos y más inseguridad jurídica, por mucho que moleste la expresión.
Otro día hablaremos de la Agencia Tributaria como ejemplo a seguir.