Felipe González ganó las elecciones de 1982 con mayoría abrumadora porque representó el cambio, un concepto que resumió de forma brillante en una entrevista en televisión. Nuestro recordado Pepe Oneto preguntó a Felipe: “¿Qué es el cambio?”. El candidato respondió corto y directo. “Que España funcione”. Respondía a las aspiraciones de una mayoría que le creyó, entre otras razones porque necesitaban creer en ese cambio.
La aspiración vuelve a estar vigente a estas alturas del S XXI, cuarenta años después; son otras las exigencias, pero con la misma necesidad. “que funcione”, que los servicios públicos den respuestas eficaces a las demandas y a los derechos de los ciudadanos. Porque los sistemas públicos no funcionan; las listas de espera en los hospitales se alargan; los servicios de atención primaria están colapsados; y las oficinas de la Seguridad Social y el SEPES no responden.
Miguel Valverde uno de los periodistas mejor informados sobre pensiones y relaciones laborales describe en Expansión el lunes lo que llama “Colapso de la Seguridad Social”. Conseguir una cita telefónica o presencial resulta imposible. Así viene ocurriendo desde hace meses, al menos desde la pandemia. Lo grave es que no pasa nada, que el ministerio responsable no se ocupa, no toma medidas para resolver el colapso. Un fracaso que justifica la dimisión de los responsables, empezando por el ministro, largo de palabras y reproches a los demás, pero corto en diligencia para que el ministerio “funcione”. Otro tanto para el ministerio de Trabajo y sus Oficinas de Empleo (SEPES). Otro caso de ministra exigente con los demás, verbo fácil y acusatorio, pero escasa diligencia y eficacia para que las oficinas públicas funcionen. Traslada carga de trabajo a las empresas y amenaza por incumplimientos administrativos; pero no se aplica la misma exigencia.
El caso es que hace pocos años ambos servicios públicos funcionaban bien; las pensiones se tramitaban en pocos días, al igual que las prestaciones por desempleo. Las citas en las oficinas eran inmediatas y los funcionarios resolvían los problemas en pocos días. Como excusa dicen que los funcionarios de la Seguridad Social han perdido 6.700 efectivos (de 28.700 el año 2020 a 22.000 hoy), pero el responsable de ese descenso es el gobierno. Más grave, los efectivos del sector público han crecido considerablemente estos años pero no es las áreas que más preocupan a los ciudadanos. Sanidad, pensiones, prestaciones.
El hecho es notorio, tanto como la ausencia de respuestas, de conciencia en los gobiernos (estatal y autonómicos) para abordarlo. El caso de la sanidad es alarmante (también el de las pensiones), tanto como la ausencia de determinación para que el sistema funi0ne, para frenar el deterioro y devolver la confianza a los ciudadanos, incluido los trabajadores de esos servicios que se ven desbordados y desatendidos.
Para revertir las desigualdades, mucho más importante que el reparto de subsidios es devolver la efectividad al ascensor social, a unas prestaciones eficientes en sanidad y educación. Así ocurrió en las dos últimas décadas del siglo XX pero ha fracasado durante la última década, un período de desperdicio y decepción.