¿Imparciales?

¿Imparciales?

EFESede del Tribunal Constitucional en Madrid.

Imparcial es aquél que juzga o procede con imparcialidad, y también el que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna parcialidad. Atendiendo a esta rotunda definición, que se puede leer en cualquier diccionario, y viendo todo lo que se está viendo y se verá en estos tiempos convulsos que nos acechan, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ni los miembros del Consejo General del Poder Judicial ni los del Tribunal Constitucional (que este lunes, en una decisión sin precedentes, paralizó la reforma judicial que pretendía llevar a cabo el Gobierno) son imparciales, en sentido estricto del término.

La disparidad de criterio existente tanto en el CGPJ como en el TC, y que tal división de discernimiento coincida, casualmente, con los intereses políticos de los partidos que han elegido a los miembros de cada uno de los dos sectores existentes -conservadores y progresistas, según el argot popular- no deja lugar a dudas sobre su nula imparcialidad. Porque tampoco vamos a pensar que solo son parciales los otros, sean quienes sean.

“Montesquieu ha muerto”, dijo en 1985 el entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, y 37 años después la separación de poderes muerta sigue.

En ese año, el Gobierno de Felipe González reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales, 12, que según la primera LOPJ de cinco años antes tenían que ser elegidos por jueces y magistrados, pasasen a ser elegidos también por el Congreso y el Senado, que ya elegía a los otros ocho, de tal forma que los 20 miembros que forman parte del CGPJ fueran nombrados por los principales partidos políticos. A estos 20 elegidos habría que sumar al presidente del Tribunal Supremo.

El TC señaló un año después que era constitucional el cambio siempre y cuando se eligiesen a los vocales siguiendo criterios diferentes a la división existente tanto en el Congreso como en el Senado. Desde ese mismo día, el PSOE y el PP han incumplido sin pudor alguno el mandato del tribunal de garantías y se han repartido el botín colocando cada uno a los suyos.

La imparcialidad también es dudosa en el Constitucional como estamos comprobando estos días. De los doce miembros que nombra el rey, ocho son a propuesta de Congreso y Senado -hasta ahora con el apoyo obligatorio de las tres quintas partes de los diputados y senadores que ahora quiere cambiar el Ejecutivo por el de la mayoría simple-, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ. Resumiendo: los 12 son elegidos, directa o indirectamente, por los principales partidos políticos del arco parlamentario. Con lo cual, en caso de enfrentamiento, la razón la tiene el bloque mayoritario de cada momento, ya sea el conservador o el progresista, ya sea el PP o el PSOE. Seis a cinco a favor de los conservadores en la actualidad.

Por mucho que desde 2018 el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, inste a España a que al menos la mitad del CGPJ sea elegida por los propios jueces, Montesquieu sigue muerto y enterrado y la separación de poderes continúa siendo una utopía. Y ni populares ni socialistas han hecho nada por reparar ni lo uno ni lo otro, más bien todo lo contrario.

Si el PP se ha negado imprudentemente en los últimos años a renovar el consejo, como era su obligación constitucional, el PSOE ha ido más allá con la Ley de reforma de la sedición y la malversación al modificar una Ley Orgánica, como es el Código Penal, en apenas una semana y sin debate ni informes preceptivos; además, había incluido -y esto es lo que ha frenado el TC- dos enmiendas que nada tienen que ver con el fondo de la cuestión y todo ello únicamente en beneficio propio. Aznar ya intentó algo parecido en 2003 y el TC se lo tumbó, pero ocho años después. Por eso el PP había pedido ahora la suspensión cautelar.

La vida sigue igual desde 1985. En 2011, el PP se presentó a las elecciones generales prometiendo en su programa electoral -negro sobre blanco- una nueva modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces volvieran a elegir  al menos a doce vocales del CGPJ, como establecía el artículo 122 de la Constitución Española de 1978. Rajoy estuvo siete años en el poder, los cuatro primeros con mayoría absoluta, y no cumplió lo prometido.

Entre medias del mandato conservador, en 2014, el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mostró contrario a que los partidos políticos eligieran a los vocales del Poder Judicial y aseguró -negro sobre blanco también- que si llegaba al poder cambiaría el sistema de elección de estos. Cuatro años después Sánchez aterrizó en la Moncloa y no solamente no cumplió su palabra, sino que cuatro años más tarde, es decir ahora, intenta cambiar, sin éxito por el momento, las minorías de bloqueo para tratar de alcanzar el control absoluto del Gobierno sobre los órganos de poder de la Justicia, como cree que le corresponde por el reparto de fuerzas en el Congreso de los Diputados.

Lo visto en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, corrobora la idea de que la clase política ejerce un control obsceno sobre la Justicia. Hace muchos años ya que no existe imparcialidad en un Poder Judicial con bloques políticamente constituidos y que obran, salvo casos excepcionales y al margen de la valía jurídica personal de sus miembros, en función de los intereses de los partidos políticos, insisto PP y PSOE, que los han elegido. Es indudable que el manoseo continuo de la clase política está corrompiendo el gobierno de los jueces y por ende la Justicia. "Todos mienten y todos manipulan; unos y otros", afirma una fuente cercana al conflicto.

Por todo ello, no deja de ser gracioso, por no decir ridículo, que Unidas Podemos pidiera este lunes al Tribunal Constitucional que sea la Justicia de la UE la que se pronuncie sobre la parcialidad de Trevijano y Narváez, dos magistrados del llamado bloque conservador elegidos por el Partido Popular.

¡Que chiste el de Podemos! Parciales, en el buen y  en el mal sentido de la palabra, son todos los miembros del TC. Y lo serán, sin duda alguna también, los dos que ha propuesto recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez: su exministro de Justicia -Juan Carlos Campo- y una alta funcionaria del Ministerio de la Presidencia -Laura Díez- sobre quienes los morados, con toda seguridad y a la vista de su silencio, no parecen tener duda alguna de su parcialidad. Y qué decir de Cándido Conde-Pumpido, estandarte de los progresistas en el TC y candidato del Gobierno a presidirlo si se lleva a cabo la reforma judicial que ansía Sánchez y que ahora ha entrado, momentáneamente, en vía muerta. Porque aquí, no hay que engañarse, imparciales ya no queda ni uno. Ni en un lado ni en el otro.

-- ¿Seguro que éste es un sitio honrado?

-- ¿Honrado? ¡De una honradez acrisolada!

El diálogo anterior corresponde a Casablanca, la película de Michael Curtiz que acaba de cumplir 80 años, y nada tiene que ver con todo lo anteriormente escrito. Pero ahí la dejo.