El autodenominado gobierno progresista ha recibido en los últimos días un baño de realidad. La actuación de la justicia en el caso del diputado socialista que tenía montada una banda dedicada al tráfico de influencias al amparo de su acta de diputado, el traslado de la sede de Ferrovial a Holanda y el espectáculo de la toma en consideración de la reforma de la Ley del sí es sí, con Sánchez y el gobierno huido, acreditan que la coalición está en descomposición.

El cúmulo de contradicciones en que han incurrido socialistas, podemitas y neocomunistas en el Consejo de Ministros se ha mantenido y camuflado en esta legislatura generando un escudo de propaganda a Sánchez con terminales en la TV pública. Nadie coordinaba a los ministros que trajo Pablo Iglesias con sus ocurrencias y desde los ministerios socialistas se maquillaba la realidad del país, en una estrategia focalizada en la agenda del presidente.

Los más evidentes ejemplos son las cifras de empleo de los parados discontinuos, que se computan como empleos fijos y el de los datos económicos de crecimiento tras los cambios en la metodología realizados por la ministra Calviño en el INE.

Al mismo tiempo, la deuda de las Administraciones públicas creció en 1.503 miles de millones (mm) de euros en diciembre de 2022 en referencia interanual. De este crecimiento corresponden al Estado 1.331 miles de millones (mm) de euros, con un 6,9 por ciento de crecimiento, muy superior a los porcentajes de CCAA y Ayuntamientos, cuya variación interanual fue del 1,4% y del 4,5% respectivamente.

Política de subvenciones en lo económico, difusión del discurso intervencionista y rupturista de la convivencia y del modelo constitucional y los medios públicos de comunicación al servicio del Nodo del gobierno.

España representada en dos bandos: los vulnerables defendidos por Robin Hood Sánchez y los poderosos, identificados con los empresarios y presidentes de bancos y con la oposición, incluidos en una etiqueta definida como la ultraderecha y el fascismo.

Un discurso demasiado burdo que se inicio en la pandemia del Covid-19, con los monólogos publicitarios de los sábados desde La Moncloa que Sánchez abandonó cuando la realidad de los números de fallecidos fue insoportable ante la opinión pública. La huida la solución cuando la situación se pone difícil y le quiebra el discurso, incapaz en su soberbia de gobernar el país y cumplir su responsabilidad como presidente.

El martes en la sesión del Congreso de los Diputados, en la toma en consideración de la proposición de ley, debía haber estado sentado en su escaño y votar afirmativamente, aunque solo fuera por el respeto debido a las víctimas de delitos sexuales que han visto como se reduce la condena de sus agresores o son excarcelados.

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Holanda es la constatación del fracaso de la política económica, por más que la ministra Calviño venda un crecimiento de la economía española que no ha recuperado las cifras previas a la pandemia y que se apoya en los fondos de la UE que no llegan a las empresas, en un contexto de ausencia de transparencia que ha puesto de manifiesto los funcionarios comunitarios.

La ministra de economía sabe que dos de los pilares de la UE son la competencia y la libre circulación de capitales. Y que, como consecuencia del Brexit, ha habido un desplazamiento financiero y de sedes de las empresas desde Londres a Holanda, que ha puesto en valor su potente estructura portuaria, como hub de entrada en Europa, y sus facilidades como destino de inversores.

Además, el Reglamento del Consejo (CE) 2157/2001, está incorporado a nuestro Ordenamiento jurídico en la ley de sociedades de capital y regula el estatuto de la sociedad anónima europea. Como dice su preámbulo, (5) Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que ninguna de las disposiciones aplicables a las Sociedades Europeas en virtud del presente Reglamento entrañe discriminaciones derivadas de un tratamiento injustificadamente distinto de una Sociedad Europea con respecto a las sociedades anónimas ni limitaciones desproporcionadas a la constitución de una Sociedad Europea o al cambio de su domicilio.

En definitiva, supresión de restricciones relativas a la libertad de establecimiento y a tal fin es indispensable que las empresas, cuya actividad no se limite a satisfacer necesidades puramente locales, puedan concebir y llevar a cabo la reorganización de sus actividades a escala comunitaria.

Esta regulación comunitaria, aprobada hace veintidós años que refleja el espíritu constitutivo de la UE, es desconocida y obstaculizada por el gobierno de la ineptocracia que ha enrarecido el clima político en todo lo que toca. Desde el TC al TS, pasando por las empresas que crean empleo y riqueza y el Código Penal que lo modifican para liberar delincuentes sexuales.

Lo que faltaba es la proclamación de su fervor por la autarquía por los que desenterraron a Franco.