Lo que venimos escuchando y leyendo estos días a cuenta del cambo de sede social de Ferrovial desde Madrid a Ámsterdam resulta asombroso; tanto la ronda de intervenciones de los miembros del gobierno como algunas informaciones y editoriales de medios muy reputados. Por ejemplo, el titular de El País del viernes en primera página: “Ferrovial se adjudicó contratos por 1.000 millones en la era Sánchez” requiere dos lecturas y frotarse los ojos. Primero por el concepto de “era Sánchez” y sobre todo por el posesivo SE ADJUDICÓ que quiere decir (o no) que esa gente de Ferrovial tiene poder para adjudicarse concursos públicos.
Uno de los argumentos más utilizados es el de que Ferrovial debe mucho a los españoles por la obra que ha contratado y ejecutado en España desde su fundación el año 1952. Este concepto del debe por lo realizado es novedoso, si lo extendemos con carácter general podríamos componer una cuenta del debe de todas las empresas que han trabajado en España. Claro que conforme a ese argumento Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá también podrían reclamar un rasgo de patriotismo a Ferrovial. Especialmente Canadá, donde el año 1999 ganó un concurso público en el estado de Ontario al ofrecer el mejor precio que era el baremo de adjudicación. Esa inversión ha sido la más rentable de la historia no solo de Ferrovial sino de muchas empresas del sector. Otro tanto podría reclamar el estado de Texas donde las inversiones de Ferrovial durante la última década superan en mucho a las materializadas en España. También el gobierno británico tendría algo que reclamar por la adjudicación del aeropuerto de Heathrow el año 2006 o los contratos del metro de Londres. En resumen, el argumento patriótico es débil, averiado y de poco recorrido. Sirve para unos titulares y para provocar emociones sin reflexión, pero es impropio de gente seria.
Otro argumento utilizado por una ministra es que esa compañía ha necesitado ayudas y que sus beneficios últimos fueron muy bajos. Ni lo uno ni lo otro tiene consistencia. Algunas de las filiales de servicios de Ferrovial (sector del que está en retirada en todo el mundo) recurrieron al sistema ERTE durante la pandemia en las mismas condiciones y requisitos que otros miles de empresas. Ridículo argumento. Y otro tanto lo referido a las sanciones de la CNMC que han afectado a todas las empresas del sector y han tenido su procedimiento legal. En al ámbito administrativo y en el judicial.
Lo que más parece haber irritado al gobierno, más en concreto al presidente Sánchez que es el indignado, el que lo ha tomado como ofensa personal, es que la decisión de Ferrovial cuestiona la seguridad jurídica en España. Un asunto opinable sobre el que hay abundante debate y literatura. Desde luego que hay seguridad jurídica en España, pero con no pocas zonas de sombra acreditadas en los numerosos pleitos que andan repartidos por los tribunales nacionales e internacionales.
El debate sobre este caso no discurre por cauces de sensatez y razón; más bien por una deriva partidista y emocional que no dan ningún resultado positivo ni al gobierno ni a la empresa afectada. Pudiera ser que la decisión sea equivocada, aunque sospecho que es todo lo contrario. Pero de lo que no cabe duda es que tiene derecho a decidir dónde quiere estar domiciliada con escrupuloso cumplimiento de las normas. Además, el ataque personal solo descalifica al atacante. En resumen, un presidente ofuscado, Sánchez, ha perdido los papeles.