Mientras durante el fin de semana, mucho antes de que se abrieran las votaciones de segunda vuelta en las presidenciales de Colombia, se daba por segura la confirmación del ministro de Defensa Juan Manuel Santos como candidato vencedor, por lo apabullante de su victoria en la primera vuelta electoral y por el logro tan significativo del rescate de cuatro mandos militares que se encontraban prisionero de las Farc desde hace más de una década, desde Naciones Unidas llegaba la noticia de un suceso político demoledor para el “bolivarismo” transfronterizo, que aporta el penúltimo aliento a la narcoguerrilla colombiana.

El relator de la ONU para la libertad expresión, Frank de la Rue, se dirigía al Gobierno de Hugo Chávez para que cancele la orden de arresto de Guilermo Zuloaga, presidente de Globovisión, y de uno de sus hijos, gestor de uno de los canales de esta cadena de TV, por la supuesta “comisión de delitos de usura genérica y agavillamiento”, al cabo de los 40 procesos padecidos desde el año 2001.

La insistencia en una línea informativa y opinativa de disidencia por parte de esta empresa, frente a la ejecutoria política de los Gobiernos de Hugo Chávez, tan sistemáticamente hostil a las libertades, tanto las políticas como a las prácticas económicas propias de la economía libre, y muy especialmente en lo que toca a las expropiaciones; la denuncia de la deriva totalitaria y de la radicalización socialista que padece Venezuela, ha sido razón más que sobrada para que Globovisión sea para el chavismo el enemigo a batir. Un adversario de entidad equivalente en la práctica al del conjunto de las fuerzas políticas formales.

Posiblemente haya sido la base principal del alegato del Relator de la ONU para la Libertad de Expresión, el propio enunciado de los cargos que se formulan en el nuevo acoso sobre este medio de información. Eso de “la usura genérica y otros agavillamientos”, aparte de no poderse entender desde aquí, por muchos que sean los modismos con los que la prácticas lingüísticas en Suramérica enriquecen el idioma común, supone en lo que respecta a la materia a que se aplican en la presente ocasión, a la terminología penalista, una aberración de imposible recibo. Nada puede haber más lesivo de las garantías individuales en este campo que lo inespecífico de los cargos que se formulan (de “usura genérica”) contra los Zuloaga, padre e hijo, por la represión progresiva del régimen de Hugo Chávez.

Contra el principio de que no puede haber pena alguna sin la correspondiente ley que la defina, la burricie totalitaria del socialismo chavista –impaciente en homologar sus cotas con las del castrismo cubano-, acuña la responsabilidad penal del adversario, la de los Zuloaga y otros nombres de la comunicación, sobre genéricos e imprecisos comportamientos profesionales, periodísticos, en el ejercicio del derecho a la discrepancia y de la libertad de expresión.

Esto de que la propias Naciones Unidas hayan venido a pararle los pies de manera tan paladina al gorila rojo de Caracas, resulta tanto por la intervención de la ONU a causa de la materia que se dirime, la libertad de expresión, como por el rango competencial puesto en acción, uno de lo incidentes políticos de mayor trascendencia al que nunca se enfrentó este epígono del tardosovietismo . Personaje que sólo desde la más profunda desolación, habrá contemplado hoy la continuidad del uribismo en Colombia y, con ello, la consolidación de los pactos regionales entre Washington y Bogotá.