Lo bueno de las crisis es que con ellas se revisan los principios operativos y los puntos de vista establecidos, ha debido pensar el voluntarioso Barack Obama. En esta ocasión, tras de la ardua y aun inconclusa batalla de la reforma del sistema sanitario, y pese a los muchos pelos del proyecto inicial que se ha dejado en la gatera, el presidente norteamericano pone manos a la obra para revisar y ajustar el histórico punto de vista sobre la libertad sin trabas del sistema financiero norteamericano.
Reúne así Obama en la Casa Blanca a los líderes de los dos grandes partidos. Los profundos y globales efectos de la crisis, la enorme cuantía de los costes y el origen público de los remedios a que hubo de acudir para reflotar a gigantes bancarios naufragados, dan sentido a este propósito presidencial, posiblemente mejor entendido en Europa que en su propio país.
La hipótesis de consenso que se maneja es cosa obligada por la enjundia del problema. Todo cuanto afecta a las libertades en EEUU es materia envuelta en la malla roja de las garantías constitucionales, tan celosamente guardadas por el Tribunal Supremo de allí, equivalente al Tribunal Constitucional de aquí, aunque construido sobre otros criterios de recluta de los magistrados que lo componen. Por eso las libertades están tan bien guardadas, lo mismo que la integridad de otros activos nacionales de primera y más significativa magnitud. Como el contundente vigor de los principios federales que vertebran y acorazan la unidad nacional estadounidense.
Para el presidente, la reforma legal que salga del Congreso debe cerrar el paso a los rescates financieros de los bancos, al tiempo que habrá de incluir mecanismos suficientemente sólidos para regular los productos derivados, que de forma tan manifiesta contribuyeron a la crisis financiera de 2008 y 2009. Para los republicanos, sin embargo, los mimbres con que Obama teje su proyecto llevarán a que se regrese a los rescates bancarios.
Es de insistir el que tanto el criterio demócrata representado por el presidente como el de los republicanos, coinciden en su aversión y rechazo de los rescates bancarios, por la elemental razón de que esa práctica recae necesariamente sobre el dinero público, es decir sobre las espaldas del contribuyente. Aunque por parte de la minoría republicana
se añade el recelo de que la reforma presidencial establezca un principio de intervencionismo del Estado que lleve a que puedan desguazarse grandes corporaciones sumidas en problemas financieros – pues habla de un “rescate sin fin de Wall Street” -, siempre con el recurso a los Presupuestos.
En el fondo, el debate que se ha planteado a propósito de la reforma financiera, en la que Obama quiere entrar como entró en la sanitaria, y que los demócratas quieren llevar al Senado en un par de semanas, corresponde al imposible ontológico de hacer la tortilla sin romper los huevos. La cuestión estriba en saber si el control del mercado de capitales y de los bancos con regulaciones “fuertes e inteligentes”, que dicen los demócratas, además de establecer medidas de protección para los consumidores, es compatible con el principio de no injerencia pública en el mercado mismo.