Sabe Pedro Sánchez que Cándido Conde-Pumpido no va a eludir el polvo del camino. Que el presidente del Tribunal Constitucional, antes fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, nunca lo ha hecho a lo largo de toda su brillante y fructífera carrera política.

Sabe también que, gracias a ello, la próxima ley de amnistía, o como quieran llamarla, es un hecho irreversible por mucho que la separación de poderes pueda saltar por los aires; y también que tanto el poder ejecutivo como el judicial harán volar sus togas al unísono sin que por ello se cuestione, por supuesto, la independencia de estos sobre aquellos. Es más, se puede adelantar ya que esta ley de amnistía, o como quieran llamarla, pasará antes por el TC para recibir el visto bueno -lo insinuó el propio Sánchez el otro día- que por el Congreso de los Diputados.

Fue en 2006 cuando el hoy presidente del Constitucional habló en el Senado del polvo y de las togas. Y lo hizo para dejar claro que el derecho debe de adaptarse a la realidad política del momento. “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, fue la frase exacta de Conde-Pumpido.

Frase que estos días cobra especial trascendencia y nos anticipa lo que va a suceder cuando la realidad política del momento exija ensuciarse cuanto sea necesario con los polvos del camino por la necesidad política del apoyo de los independentistas catalanes para que Pedro Sánchez, el gran valedor del presidente del TC, continúe al frente del Gobierno.

El tema es más duro todavía. Con el indulto se perdona y con la amnistía nos olvidamos. O peor aún: los delincuentes del 1-O -o los que empezaron en 2013 si nos atenemos al proyecto de amnistía de Sumar- se acabarán convirtiendo en víctimas a las que habrá que indemnizar y los servidores públicos que les persiguieron con la Ley en la mano en desalmados prevaricadores a los que sería necesario, quién sabe, juzgar en el futuro. Y ahí estarán siempre Conde Pumpido, limpiando de polvo el camino, y todos aquellos que defienden ahora, sofisma en mano, lo contrario que argumentaban antes del verano.

Y todo esto no por el interés de todos los ciudadanos españoles sino por una investidura. Nuestro sistema judicial en entredicho por una investidura, la igualdad de los españoles ante la ley cercenada por una investidura, equiparar una dictadura con una democracia por una investidura. Una ley de amnistía, o como quieran llamarla, por una investidura. Por siete votos. Por atender las exigencias de los representantes de 392.634 catalanes. O 855.517 si sumamos los de Junqueras a los de Puigdemont, el 3,5% de todos los que votaron en verano en España, la cuarta y la quinta fuerza política de Cataluña el pasado 23J, y con menos apoyos que el Partido Popular que en número de votos fue la tercera.

Partidos estos, ERC y Junts, que además ni se han arrepentido, ni han pedido perdón, ni han dejado de anunciar que en cuanto puedan lo volverán a intentar. Pero claro, viendo lo que se adivina ni hay perdón que pedir, ni arrepentimiento por lo hecho, ni necesidad alguna de renunciar a la unilateralidad para poder volver a las andadas cuando les venga bien.

El pasado martes Sánchez anunció que se iba a reunir con todas las fuerzas políticas excepto con los ultraderechistas de Vox. Lamentable decisión como lamentable fue también que Núñez Feijóo no se reuniera con Bildu cuando tuvo que hacerlo. Al partido de Abascal le votaron 3.033.744 españoles, el 12,15% de los que acudieron a las urnas y más del doble de lo que sumaron todos los partidos independentistas que apoyan al líder socialista.

La aritmética parlamentaria nos permite comprender que al presidente en funciones le interesan infinitamente más ese 3,5% de catalanes que no se sienten especialmente españoles que el 12,15% de quienes sí se sienten, pero votan al inquietante y siempre peligroso líder ultraderechista, la diana favorita, tonta y facilona de los defensores intelectuales del gobierno “progresista” que se adivina, aunque entre estos haya supremacistas reconocidos y reconocibles.

Nadie duda de que si los resultados del 23J hubieran sido otros y Pedro Sánchez no se viera obligado no estaríamos hablando de esto. Pero la nueva realidad requiere más cambios de opinión. Porque no estamos hablando del bien general sino del bien exclusivo de una sola persona que quiere seguir presidiendo el país.

Al final, Sánchez no ha resultado ese líder tan valiente que siempre va de cara. Si así fuera hubiera tenido las agallas de plantearlo abiertamente en el programa electoral del 23J. Y tenía que haber explicado que después del indulto, de la desaparición de la sedición y de la reducción a escombros de la malversación tocaba la amnistía para cerrar definitivamente las heridas abiertas tras al 1-O y, si me apuran, hasta un posible referéndum de autodeterminación. Negro sobre blanco para que los españoles lo apoyaran o rechazaran con su voto. Pero no, su valentía no sólo no iba a llegar tan lejos, sino que incluso rechazó abiertamente tal posibilidad.

Como escribí el otro día, de todo se puede hablar. Y todo es negociable. Todo. Hasta una amnistía, hasta un referéndum. Y no se traguen por favor la última mentira oficial de que amnistía sí, pero de referéndum, ni hablar. Ya veremos. Todo es negociable, insisto, pero lo que resulta especialmente reprochable es la utilización, por siete votos, por una investidura, de todo lo que sea menester para saciar las pretensiones de un político con ínfulas de estadista. Y como reprochable es, periodísticamente hablando, el comportamiento de determinados medios de comunicación afines al Ejecutivo, que sirven de coartada pseudointelectual y que parecen estar jugándose la vida mucho más que el propio presidente.

El 14 de octubre de 2019, horas después de hacerse pública la sentencia contra los líderes del procès, Pedro Sánchez, entonces como ahora presidente en funciones, hizo una larga declaración oficial -que suscribirían la inmensa mayoría de los que ahora le señalan- de la que quiero destacar estos fragmentos textuales:

“Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia, y como corresponde a un Estado Social y Democrático de Derecho como el español, el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.”

“La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político.”

“Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia, y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento.”

“En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.”

“En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad; demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial.”

“La sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado Social y Democrático de Derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más cuatro décadas, gracias a la Constitución española, y hay que recordar que uno de los lugares donde más apoyo encontró mediante su voto esa Constitución, la Constitución que nos ampara a todos, fue en Cataluña.”
…

“Nuestra Constitución recoge tres principios que a mí me gustaría subrayar en esta declaración:
El primero, la igualdad entre ciudadanos. En el cumplimiento de la ley, y por tanto en la respuesta a sus obligaciones, y en el disfrute de derechos y libertades, vivan en el lugar que vivan.

En segundo lugar, la diversidad territorial. La unidad de España se asienta en el reconocimiento de nuestra rica diversidad que se refleja en un alto grado de autogobierno de las Comunidades Autónomas. El nivel de autogobierno en Cataluña, como el del conjunto de gobiernos autonómicos en nuestro país, es de los más elevados del mundo.

Y, en tercer lugar, como cualquier Constitución democrática del mundo, homologable a la Constitución española, la inviolabilidad de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional.”

“La vulneración de estos tres principios democráticos está en la base de las acciones que han sido sancionadas en la sentencia del Tribunal Supremo.

Primero, se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana.

En segundo lugar, el autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán.

Y en tercer lugar, la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados los derechos y las libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española.”
…
“Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proyecto político, de un proceso político, que ha fracasado en su intento de obtener respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña”.

No sé si pecaré de optimista cuando digo que no descarto que al final el presidente en funciones recuerde esta declaración institucional de hace cuatro años, le de una patada al cántaro de la lechera, rompa la baraja y no ceda ante el chantaje, político y también económico, de quienes no quieren lo mejor para la totalidad de la sociedad española. O que simplemente Sánchez sea Sánchez y engañe a Puigdemont como ha engañado a tantos.

“El objetivo sólo puede ser -fueron las últimas líneas de aquella declaración institucional- la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo; y la regla solo puede ser la ley, la Constitución española”.

Así pensaba Pedro Sánchez en octubre de 2019. Y todo parece indicar que no es exactamente lo mismo que piensa en octubre de 2023.  Por siete votos. Por una investidura...