Salvo que Pedro Sánchez decida lo contrario, el próximo Gobierno de España será o no será en función de los intereses del 7,42 por ciento del recién elegido Congreso de los Diputados. O, dicho de otra manera, en función de lo que quieran ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. La suma de españoles que votaron a estos grupos asciende a 1.616.988 de los 24.507.715 que ejercieron su derecho en todo el territorio nacional. Esto se tradujo en 26 diputados del total de 350 que se eligieron el 23J.

A ambos lados de este grupo de privilegiados están PP y Vox, por la derecha, y PSOE y Sumar, por la izquierda. Los primeros alcanzaron 170 escaños (137 más 33), 11.125.584 votos y el 45,44 por ciento del total. Los segundos se quedaron en 152 escaños (121 más 31), 10.774.976 votos y un porcentaje del 44,01 por ciento.

El futuro inmediato está en las manos de los nacionalistas o independentistas de Cataluña, el País Vasco y, circunstancialmente, Galicia y hasta Canarias, llegado el caso y estirando mucho. Y sólo Pedro Sánchez puede alterar esta dinámica. Alberto Núñez Feijóo, pese a ser el más votado, ha caído en la inanidad y no tiene ninguna capacidad de maniobra. El líder del PP se ha convertido ya en un cero a la izquierda, en un marmolillo, en un frontispicio al que sólo le resta verlas venir.

De entrada, hay que señalar que cualquier acuerdo de investidura, por muy duro que nos pueda parecer, está dentro de la Constitución. Podemos añadir, viendo los resultados y el peso real de determinadas fuerzas políticas, que es sorprendente, posiblemente injusto y también un insulto para no pocos ciudadanos que se pueden sentir agraviados y ninguneados, pero también que es absolutamente legítimo que quien crea que tiene los apoyos necesarios intente alcanzar la investidura.

Pedro Sánchez, por lo tanto, está absolutamente legitimado para negociar con todos aquellos representantes políticos que han elegido los ciudadanos e intentar seguir siendo presidente del Gobierno. Otra tema es el precio que al final tenga que pagar para conseguirlo.

Los españoles, es necesario repetirlo, no elegimos a nuestro presidente; elegimos a los 350 miembros del Congreso de los Diputados y son estos quienes designan a quien dirigirá el Ejecutivo de la nación. En nuestro sistema parlamentario no gana el primero sino el que suma. Y todas las formaciones que se presentan, por muy antiespañolas que sean o lo parezcan, tienen los mismos derechos a la hora de elegir al próximo presidente del Gobierno español.

Mientras la Ley Electoral permita el trato de favor a Cataluña y el País Vasco esto es, repito, lo que se nos viene encima, salvo que vuelvan las mayorías absolutas o suficientes para no tener que depender de exigencias excesivas y contrarias, en muchos casos, a los intereses del resto del país. Hasta que esto llegue, que no llegará, el voto de un ciudadano de Bermeo o Lleida seguirá valiendo infinitamente más que el de uno de Cáceres o Huesca.

El compro, cambio, vendo, mango de la legislatura anterior -tan habitual en todas las negociaciones políticas como estamos viendo en las que mantienen ahora PP y Vox- va a parecer ridículo cuando empiece a trapichearse la que viene.

ERC, Junts y PNV van a resultar infinitamente más caros que hace cuatro años. Aunque Bildu ya ha dicho que apoya a Sánchez sin pedir nada a cambio -eso dice ahora pero quizá luego exija el voto socialista para que el próximo lehendakari sea abertzale-, el extra-coste de los otros tres va a resultar excesivo y quién sabe si hasta inasumible, incluso para alguien con el perfil del actual presidente del Gobierno.

Los de Oriol Junqueras lo van a querer todo -dinero, transferencias y algún avance en las pretensiones independentistas de ERC- para tratar de recuperar el prestigio perdido tras la debacle del 23J donde se dejaron seis de los 13 diputados que habían conquistado hace cuatro años. No les ha salido rentable su buena relación con el Gobierno de Madrid -todo lo contrario que a Sánchez y al PSC- y encima ahora todos los ojos de la negociación que se avecina parecen estar puestos en sus queridos enemigos de Junts, con Carles Puigdemont al frente, como si el apoyo republicano a Sánchez se diera ya por hecho.

En Waterloo ya han dicho lo que quieren, además de dinero: fecha para el referéndum de autodeterminación y amnistía para los más de 4000 condenados del procés. Pero en muchas ocasiones, y esta puede ser una de ellas, suele haber un largo trecho entre lo que se pide y lo que se consigue, especialmente cuando el fantasma de la extradición e incluso la cárcel pende sobre la cabeza del líder huido de Junts. Sabe Puigdemont que para sus intereses personales es preferible la continuidad de Sánchez en la Moncloa, lo que sin duda facilitaría, y mucho, su regreso a España sin tener que pasar por el despacho del juez Llarena.

El PNV, cuyo resultado el 23J fue pésimo -también al contrario del cosechado por el PSE-, ya ha dicho que tiene que haber un acuerdo sobre el modelo territorial para vascos y catalanes si Sánchez quiere contar con su apoyo. “Tiene que abrir ese melón”, ha dicho exactamente el partido más profesional de España. Con Bildu a sólo 1000 votos y con elecciones vascas el año que viene, en Sabin Etxea saben que tienen que hacer valer sus cinco escaños y el haber humillado al Partido Popular para quedarse con una buena tajada de ese melón. Una tajada que seguro estará muy por encima del 1,42 por ciento que representan sus escaños en el hemiciclo.

Y en esas estamos, jugado con ese melón que antes presumiblemente era de todos pero que parece estar ya sólo en manos de unos privilegiados. Nunca de tan pocos ha dependido tanto. Sánchez tiene la última palabra mientras que Feijóo ya ha perdido hasta la voz.

Pd. Pedro Sánchez tiene otro grano por ahí del que se habla poco. Es el de Pablo Iglesias. El de Podemos. El de los cinco diputados de Sumar que rinden obediencia al Líder y no a Yolanda Díaz. Piden autonomía y por lo tanto están empezando a jugar -quién sabe, quizá, tal vez, a lo mejor…- con la posibilidad de no apoyar la investidura del candidato socialista si no obtienen las prebendas pertinentes. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría exigir el exvicepresidente en su inteligente maldad para saciar su sed de venganza? ¿Quizá el Ministerio de Igualdad? ¿Quizá que Irene Montero vuelva a ser su titular?