Los distintos análisis de los resultados electorales autonómicos y municipales, en el que el Gobierno de Sánchez y el PSOE, por derivada, han sufrido un buen revolcón, han dado distintas respuestas para identificar las causas de vuelo electoral.
Los pactos del PSOE con Bildu y ERC, sus incoherencias entre lo hecho y lo prometido, o las propias divergencias en el seno del Gobierno traducidas en disparates legislativos tan exteriorizados, como la Ley del sí es sí.
Sin duda todo ello, ha generado un ambiente de malestar evidente en numerosos sectores sociales. Una sensación de que llevaba el timón del gobierno del país un grupo de personas que demostraban una escasa solvencia para estar al frente del Estado.
La pandemia del Covid19 está todavía muy próxima y pervive en la memoria de miles de ciudadanos que han padecido la enfermedad, han sufrido fallecimientos en su entorno familiar y de amistades o ha visto cómo se desmoronaba o tambaleaba su trabajo, la empresa mediana o pequeña o su negocio comercial. Un año y medio en que todo se puso del revés.
La primera demanda del ciudadano elector que pide a cualquier gobierno es que le ofrezca seguridad o, al menos, que no le genere mayores inseguridades que los que la vida o los tiempos actuales presentan por si mismos.
La percepción de muchos es que la sociedad dual que ha estructurado Sánchez desde el Consejo de Ministros y en sus intervenciones públicas dejaba fuera de las medidas gubernamentales y de la protección del Estado a sectores sociales activos que piden estabilidad para desarrollar sus proyectos.
Tras la crisis del Covid, el siguiente movimiento sísmico ha sido la crisis económica intensificada por la invasión de Ucrania, manifestada por la inflación y la subida de tipos de interés acordada por los Bancos Centrales.
El encarecimiento de la cesta de la compra y el coste de las cuotas de las hipotecas, han impactado en las economías familiares sin que el Gobierno haya aplicado medidas paliativas eficaces.
Pudo rebajar las retenciones fiscales, como también no afectar duramente los resultados empresariales y las nóminas como consecuencia de la subida de bases y cotizaciones a la seguridad social. O paliar con medidas eficaces el incremento de los precios de la cesta de la compra y la energía que impactaba mes a mes en las cuentas personales y familiares.
Por más que el Gobierno repita que la economía en España crece, lo cierto es que no se ha recuperado la situación previa a 2020.Los ciudadanos pagan más impuestos o perciben menos por sus nóminas que es lo mismo, han consumido una parte significativa de los ahorros de las familias según el Banco de España y crece la deuda pública.
Si además llega el recado de la UE que España tiene que reducir 9.700 millones de euros de su déficit público y que los tipos de interés se mantendrán altos los próximos cuatro años, se extiende la percepción de que es necesario un cambio que ofrezca solvencia, seguridad y administre con criterio las cosas comunes.
Y no hay nada más común que la economía y la buena administración de los impuestos que pagan los contribuyentes.
Se abre una nueva etapa hasta las próximas elecciones generales con dos variables. Si Pedro Sánchez va a rectificar lo que ha sido la línea fundamental de su gobierno: sus servidumbres a independendistas y a la izquierda neocomunista y el consiguiente abandono de la Constitución de 1978.
La segunda incógnita es si Vox y Abascal están dispuestos a considerar que su posición electoral es necesaria para que se produzca el cambio de gobierno que España necesite y ello exige incorporar rigor y responsabilidad a la acción de gobierno para no frustrar el resultado electoral.