Se ha comentado y destacado en medios de comunicación -y se aprecia en la imágenes publicadas- la sobria actitud, de máxima seriedad y aparente malestar del Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, en el acto en el que Pedro Sánchez, recién investido presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, prometió ante un ejemplar de la Constitución su ‘lealtad al Rey’ y ‘guardar y hacer guardar la Constitución’ en el Palacio de La Zarzuela.
No hubo sonrisas ni las felicitaciones de otras veces sino, por parte del Rey, la mayor seriedad y miradas más bien de desaprobación de los pactos con los que Pedro Sánchez compró los votos de su investidura a delincuentes y enemigos de España como los jefes de Bildu, ERC y PNV JxC, Otegui, Junqueras, Puigdemont y Ortuzar.
Algo nunca visto en la España de la Transición, ni en la Europa democrática de nuestro entorno. Un desafuero que incluye una ley de amnistía inconstitucional para golpistas, malversadores y prófugos de la Justicia.
Y todo ello en el solo beneficio personal de Sánchez y unos delincuentes que pretenden liquidar la Nación Española, el Estado de Derecho y la unidad de España.
Una muy grave situación política e institucional cuyo rechazo escenificó el Rey Felipe VI con su gesto y actitud premeditada de absoluta seriedad, en presencia de los más altos representantes del Estado.
Donde, con la mirada torva y el aspecto de un presunto desleal a España y a la Constitución, figuraba el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido. El magistrado ‘amigo’ de Sánchez en el que el Presidente y todos sus aliados delincuentes tienen puestas todas sus esperanzas para que les apruebe y les convalide la infame Ley de amnistía.
Y todo ello mientras los más altos cuerpos jurídicos del Estado se declaran contrarios a dicha Ley de amnistía. Y se han manifestado públicamente en contra de la pretensión de Sánchez y de Puigdemont -así lo firmaron en Waterloo el PSOE y JxC- de que se abran en el Congreso de los Diputados comisiones de investigación contra los jueces que investigaron, juzgaron y condenaron a los golpistas catalanes de 2017, por los delitos de sedición, malversación y de desobediencia.
Lo que constituye por parte de Pedro Sánchez una enorme y continuada vulneración del marco constitucional, bajo una aparente legalidad, por ahora cogida con alfileres, que a buen seguro que acabará muy mal porque los los jueces lo impedirán y porque los ciudadanos españoles, que ahora inundan con banderas nacionales las plazas y calles de toda España -como ayer se vio en el centro de Madrid- tampoco lo van a consentir.
Ni lo consentirá el Rey Felipe VI si el presidente Sánchez, su Gobierno o sus aliados de la legislatura desbordan el orden constitucional, como ocurrió con el golpe de Estado catalán de 2017. El que provocó un excepcional discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2027, que el monarca volverá a repetir si alguien, desde las instituciones del Estado desborda la tenue y delgada línea roja del orden constitucional. El que Sánchez, faltando como siempre a la verdad, ha prometido ‘guardar y hacer guardar’.
