El periodismo tiene el riesgo de deslizarse hacia el pronóstico especulativo cuando falta materia prima básica sobre los datos y hechos ciertos. Con contar la realidad tenemos suficiente materia, aunque sea más sencillo deslizarse hacia lo que puede ocurrir. Sin embargo, el periodismo especulativo resulta atractivo en estos tiempos de incertidumbre en los que cualquier cosa es verosímil siempre que se den determinadas circunstancias que entran en lo probable.

Entrar en la especulación de cuánto puede durar el gobierno que salga (o no) de la inminente investidura supone una tentación inicial a falta de elementos fundamentales de la actualidad como son el texto del proyecto de ley de amnistía y la cuantificación en cuanto a costes y el calendario de cumplimiento de los compromisos asumidos por el candidato a presidente en los sucesivos pactos suscritos con sus socios de investidura o de legislatura o lo que el tiempo dirá de que se trata.

El ejercicio de intentar sumar de los compromisos asumidos en los contratos resulta imposible de ejecutar ya que están sujetos a interpretación en cuanto a su concreción. De hecho, algunos tropiezan entre si y abren nuevas incertidumbres incalculables. Por ejemplo, los sindicatos, aliados del gobierno consideran que la cesión de competencias en materia laboral al País Vasco y Cataluña debe pasar por el cedazo del diálogo social. Y otro tanto para la cesión de la gestión de la Seguridad Social que reclama el PNV.

En la aceleración final para evitar nuevas elecciones todos han subida sus apuestas de logro de objetivos pensando que los socialistas son la parte más banda de la negociación ya que para ellos el único objetivo no renunciable era la investidura. Al servicio de ella se ha puesto todo lo demás, sobre todo porque tiempo queda para interpretar los acuerdos a la vista de la realidad en cada caso concreto. La misma ley de amnistía, que será uno de los primeras pruebas del algodón de los pactos, va a tropezar desde primera hora de no pocos obstáculos para su puesta en marcha y entrada en vigor.

El precio de los pactos es imposible de calcular pero abre una nueva fase en el desempeño de la democracia española con renuncia al procedimiento de consenso que fue el dominante hasta la llegada de Pedro Sánchez al poder. El gobierno de la investidura es legítimo, pero sus procedimientos también son novedosos y pueden romper las costuras del actual entramado constitucional. Colocar dos Españas legítimas enfrentadas a cara de perro es posible, pero también resulta arriesgado.

En pocos meses (antes del verano) los españoles están citados a elecciones europeas y seguramente a elecciones vascas, catalanas y gallegas que pueden propiciar otros repartos de poderes que pueden arruinar la legislatura en su primer año de desempeño. El precio de la investidura se notará antes del verano cuando vuelvan a sonar los tambores electorales a cara de perro. Cada partidos está tratando de obtener los máximos réditos de inmediato. El caso de los canarios es elocuente del oportunismo dominante. Pero ese procedimiento no es sostenible en el tiempo porque alguien tendrá que atender el pago de todas las letras formadas en tan corto espacio de tiempo y con tanta desesperación.