No manosear la Justicia

Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid.

EFESede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid

Aprovechando la parada política del mes de agosto, La Moncloa ha sacado del cajón de los secretos el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial que habían firmado Bolaños por el PSOE y García Egea en tiempos de Casado en el PP. El objetivo no era otro que afear a Núñez Feijoo su negativa a acordar la lista con los nombres que se aprobarían en el Congreso y Senado.

Pedro Sánchez, con esa manera tan peculiar de entender la política en la que interpreta con gran convicción el papel de trilero que tan bien desempeña, ha relacionado su premura en la renovación a fin de evitar una posible sentencia del Constitucional que restringiese la legislación vigente del aborto.

La reseña tenía como antecedente la sentencia del TS de EE. UU que ha reconocido la competencia de los Estados federados en la regulación del aborto de modo que su legislación puede autorizarlo o prohibirlo.

La sentencia por seis votos contra tres considera que la Constitución no ampara el derecho al aborto como un derecho constitucional y revisa las sentencias de los años 1973 y 1992 que se amparaban en el derecho a la intimidad del individuo, situando el derecho al aborto como un contenido constitucional. La sentencia declara que “es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos del pueblo”.

El historiador y escritor Manuel Lucena Giraldo explicaba brillantemente en el ABC cultural el 16 de enero de 2021 el modelo político de Estados Unidos. “El modelo de una república presidencialista que posee un poder judicial autónomo y fuerte, más un legislativo equilibrado y poderoso, explica las distorsiones de las imágenes externas. Fuera de Estados Unidos su presidente parece un poderoso mandatario global. En el interior, frente al poder de los Estados, manda poco. El judicial, lo acabamos de ver, muy independiente, obedece sus propios designios. Los poderes funcionan bajo un mecanismo de equilibrio constante, de modo que ninguno se imponga a los demás.”

La reforma en el sistema elección de los vocales del Consejo que atribuyó al Congreso y al Senado la elección de los 20 vocales, no pretendía anular la activa participación de miembros de la carrera judicial en el proceso que regula el artículo 568 de su Ley orgánica.

El presidente Carlos Lesmes el 3 de agosto de 2018, hace ya cuatro años, remitió a los presidentes del Congreso y del Senado el acuerdo por el que se iniciaba el proceso de renovación, con el escalafón de la carrera judicial y los datos de las asociaciones judiciales. Por tanto, como dice el acuerdo en su punto segundo, se declara “la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial”.

Por tanto, lo que prevé la Ley y validó el Tribunal Constitucional, es un proceso abierto de presentación de candidaturas por las asociaciones, no teledirigido desde el poder político que pacta las candidaturas que va a aprobar en una votación meramente formal del Congreso y del Senado. Si así fuera, se habría desnaturalizado y se estaría falseando tanto el valor de la votación por los diputados y senadores en las Cámaras como el propio sentido de la reforma de la Ley.

La Ley 4/2013 que modificó el sistema de elección dice en su preámbulo lo que pretendía: “A la hora de abordar un aspecto crucial de la reforma como es el sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, se ha diseñado un sistema de elección que, por un lado, garantice la máxima posibilidad de participación en el proceso de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, estén o no asociados, y que, por otro, atribuya al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos Vocales. Este sistema de elección se articulará sobre tres premisas básicas. En primer lugar, la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a exclusivos criterios de mérito y capacidad de los candidatos. En segundo término, la apertura de la posibilidad de ser designados como Vocales a la totalidad de los miembros de la carrera judicial que cuenten con un número mínimo de avales de otros Jueces y Magistrados o de alguna asociación. Y, finalmente, la consideración en la designación de los Vocales de origen judicial de la proporción real de Jueces y Magistrados asociados y no asociados.”

La responsabilidad de que el proceso iniciado por el acuerdo del presidente del TS de agosto de 2018 no haya continuado desenvolviéndose, está en el gobierno que pretende cegar la capacidad de propuesta de los jueces, magistrados y asociaciones judiciales y cocinar a su antojo las candidaturas. Influido sin duda por la pretensión de controlar la renovación parcial del TC que le ha reprochado la inconstitucionalidad de los dos Decretos-ley declarativos del estado de alarma.

Si el ministro Bolaños está tan seguro del pacto con García Egea, que no se contenga y traslade a la prensa el texto firmado del papel clandestino. Y así conoceremos lo que se cocía y cuales son los mimbres que propone el gobierno y lo que proponía el equipo de Casado para preservar la independencia del poder judicial.

Indudablemente la reforma del sistema de elección de los vocales de 2013 ha fracasado. Y si lo ha constatado la Comisión de la UE que reclama que, si hay un Consejo del poder judicial, debe garantizarse su elección, al menos en la mitad de sus vocales, por los propios jueces, con el fin de preservar su independencia.