La mayoría de edad y el aborto

Isabel Díaz Ayuso

EFEIsabel Díaz Ayuso durante la inauguración del curso político del PP madrileño

Las declaraciones en Onda Cero de Isabel Díaz Ayuso en las que reconoce el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a abortar sin información a sus padres, junto con el proyecto del gobierno de modificación de la ley, ha recuperado el debate sobre su regulación legal y encaje constitucional.

En 1985 era necesario sacar el aborto del Código penal y se despenalizó en los supuestos de indicaciones: grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, violación, dentro de las doce primeras semanas de gestación y presunción de graves taras en el feto, dentro de los veintidós primeras semanas requiriendo el dictamen de dos especialistas.

Tras diversas polémicas en relación con clínicas privadas y denuncias y sumarios penales, en 2010, la ley orgánica de 3 de marzo regula la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la embarazada en las primeras catorce semanas de gestación, con un plazo de reflexión de 3 días y la obligación de informarle de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

Por Ley 11/2015 se suprimió el párrafo cuarto del artículo 14 que autorizaba la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres de 16 y 17 años, previa información a uno de sus progenitores salvo que la menor alegase un conflicto grave con posible violencia intrafamiliar, coacciones, amenazas, malos tratos o situación de desarraigo o desamparo.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP cumple doce años sin dictarse sentencia, después de que hayan pasado por el Tribunal cinco presidentes y se hayan elaborado tres ponencias. Esta anomalía en el ejercicio de la magistratura constitucional provoca que cualquier sentencia que se dicte en este momento, será una sentencia fallida.

La sentencia se dictará en el peor momento posible, con la renovación del Tribunal constitucional de por medio y junto con el proyecto del gobierno impulsado por Irene Montero en trámites de informe del Consejo del poder judicial que la ministra quiere eludir, porque así es su concepto del poder legislativo. Esta secuencia que solo va a contribuir a poner en el tablero una cuestión que no está en el debate de la sociedad española y a devaluar al Tribunal, refleja el momento desconfianza y manipulación en la política que vivimos.

La solución a esta situación, que hoy no genera ningún conflicto, debe resolverse desde el reconocimiento de la realidad. Por ello hay que favorecer la información sexual en los colegios, tanto por embarazos no deseados como para prevenir enfermedades de transmisión sexual y regular la cobertura integral gratuita a los jóvenes por el sistema de salud de los métodos anticonceptivos. Evitar la clandestinidad en el aborto que puede causar riesgos para la salud de la mujer y regular, sin listas de Schlinder patrocinadas por la ministra Montero, la objeción de conciencia, deben ser objetivos de la legislación básica del sistema público de salud.

El supuesto de las mujeres de 16 y 17 años hay que incardinarlo en una reforma del Código Civil en relación con la mayoría de edad y la emancipación. No hay que olvidar que se considera como emancipado al mayor de 16 años que viva independiente de sus padres con su consentimiento y que en caso de vida separada de los padres, de nuevo matrimonio o de convivencia con persona distinta del otro progenitor, el mayor de 16 años puede pedir judicialmente la emancipación.

Parece razonable la posibilidad reformar el artículo 12 de la Constitución y adelantar la mayoría de edad a los 17 años, considerando que los cambios en estos cuarenta y cuatro años de los jóvenes desde que se estableció en noviembre de 1978 la mayoría en los 18 años son significativos. La mayoría de edad en los 21 años que se aprobó en 1940 estuvo vigente durante treinta y ocho años.

La declaración de Isabel Díaz Ayuso en la radio estuvo pegada a la realidad que es la mejor actitud a la hora de enfrentarse a una cuestión cualquier político. El concepto liberal de la política está unido al de la responsabilidad individual en la toma de decisiones al que también se refirió.

Una juventud con acceso a mas información que en 1978, que viaja mas por el mundo, que vive en las nuevas tecnologías y que ha finalizado a los 16 años el ciclo de la enseñanza obligatoria y debe decidir su nuevo ciclo formativo con la elección del bachillerato y la universidad o la formación profesional, está más preparado para regir su persona libre y responsablemente en una democracia avanzada y libre en la que cada individuo tiene derecho a que se respeten sus convicciones.

Sobre el autor de esta publicación

Ignacio del Río

Nacido en Madrid, el 4 de marzo de 1956.

Abogado y Registrador de la Propiedad. Ha sido asesor jurídico de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado del Partido Popular en los años 1986 a 1992.

Diputado de la Asamblea de Madrid ,1991-1995 y Portavoz de Política Territorial, Urbanismo y Transportes.

Secretario General del Partido Popular de Madrid para el mandato del Congreso periodo 1993-1995.
Teniente Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid 1995-2003. Durante su mandato se aprobó el PGOU de Madrid de 1997 y se formalizó la candidatura olímpica Madrid 2012, de la que fue Consejero Delegado hasta el año 2003.

Ha colaborado en diversos medios como ABC, El Independiente, La Estrella Digital, El Mundo y Expansión y en programas de radio. Actualmente participa en La Ventana de Madrid de la Cadena SER.