Inflación disparada y fiscalidad de diseño

Pedro Sánchez

Europa PressPedro Sánchez

El discurso de Pedro Sánchez y su equipo económico con relación a la subida del coste de la vida para los ciudadanos y el relato que nos cuenta es una autentica tomadura de pelo. La desfachatez es tan ostensible que basta con repasar la serie de declaraciones con que han despachado el guion preparado por el departamento de agitación y propaganda de La Moncloa.

La vicepresidenta económica, que ya ha colgado hace tiempo el rigor profesional con el que llegó desde la dirección de competencia de la UE en el perchero del ministerio, construyó su discurso entres actos.

El primero dijo, crecemos mas que Europa, sin mirar atrás y sin recordar que la caída de la actividad económica durante los dos años de pandemia fue mayor que la de las restantes economías europeas. En el 4º trimestre de 2021 el PIB por persona en edad de trabajar se situó un 4,6% por debajo del 4º trimestre de 2019 según Fedea, Estudio sobre la economía española, marzo de 2022.Y añade que la comparación de la economía española con las mas avanzadas de la UE refleja que ha aumentado la deuda privada de los ciudadanos y que el diferencial de deuda publica con la UE 8, países mas avanzados, ha pasado de 15pp a 20 pp. Los ciudadanos y España mas endeudados.

En términos de empleo, de paro, España perdió el 13,2 por ciento de horas trabajadas porcentaje solo superado por Portugal 13,4 e Italia 13,5 por ciento.

El segundo acto es su afirmación de que la inflación era transitoria y se relajaría en poco tiempo, mas menos en el 4º trimestre de 2022. Los datos le han desmentido y el mes de julio ha marcado el INE una inflación, variación anual de los precios de bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares, del 10,8 por ciento.

Y el tercer acto es que esta situación se arreglaba con el impuesto que no es impuesto a las empresas bancarias y eléctricas del IBEX, a las que la señora Calviño les pedía que arrimaran el hombro, moderando el guion venezolano, estilo “exprópiese” de Chavez, que había marcado Sánchez. “Si la señora Botín y el señor Galán protestan es que vamos en la buena dirección”.

La demagogia presidencial tenia que competir con el portavoz de Podemos que pedía penas de cárcel si las empresas repercutían el impuesto a los ciudadanos. Tendencia veraniega mix chavista maduro para dar respuesta a la subida de la cesta de compra de las familias.

Lo primero que hay que aclarar es que los mas de 740 asesores de La Moncloa han presentado no un impuesto, sino una prestación patrimonial no contributiva con la que pretendían recaudar 7.000 millones según Sánchez en el Congreso, que se quedan en 1.500 millones en dos años.

Esta figura esta recogida en el artículo 31.3 de la Constitución que declara el principio de reserva de ley para las prestaciones personales y patrimoniales. Reguladas por vez primera en la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, que a su vez modifica la Ley General Tributaria, han dado lugar a diversas sentencias del Tribunal Supremo e incluso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional.

Su origen está en la distinción entre tasas que es una figura tributaria y precios públicos y precios privados. Y su ámbito práctico se ha situado en los servicios de agua municipales o autonómicos que pagan los usuarios y pueden ser prestados directamente por un organismo público o mediante una gestión  indirecta, a través de entidades públicas, de una sociedad mixta o una empresa privada en régimen de concesión.

Una figura que da cobertura a las tarifas que pagamos los ciudadanos cuando utilizamos un servicio público, por ejemplo, el abastecimiento de agua, en el que no hay posibilidad de elegir otro prestador, siendo por tanto coactivo, y la prestación es la retribución que pagamos, la tarifa, como usuarios al gestor, a la propia Administración o a ambos.

Supuesto de hecho absolutamente diferenciado de un gravamen sobre el importe de comisiones e intereses que van a cobrar a los bancos. Como no sabía que hacer Sánchez, puso al gobierno en modo de contorsionismo jurídico, como ya actuó con los estados de alarma inconstitucionales durante la pandemia.

Los grandes bancos como las grandes eléctricas son propiedad de sus accionistas, nacionales y fondos de inversión internacionales que apuestan por estas empresas españolas. Emplean a miles de trabajadores, pagan su impuestos por sus beneficios, como las demás sociedades y compiten internacionalmente en los mercados abiertos generando puestos de trabajo para muchos jóvenes españoles que han optado por trabajar en el extranjero.

Los bancos están pagando el impuesto actos jurídicos en las hipotecas desde 2015, que es un impuesto obsoleto, además del impuesto sobre depósitos y sociedades. Las eléctricas están pagando la transición a las energías verdes y financiando la moratoria nuclear.

El gobierno de Sánchez va en dirección contraria y equivocada de lo que se hace en Alemania, en Italia y en Estados Unidos, países en los que s bajan los impuestos.

Alberto Núñez-Feijoo le ofreció a Sánchez un pacto moderadamente socialdemócrata para bajar el impuesto a las rentas de hasta 40.000 euros al año. Y lo rechazó sin una explicación.

En el horizonte con un otoño con todas las incertidumbres y riesgos en el tablero geopolítico y en la economía mundial, lo único que nos faltaba es un gobierno negacionista a la deriva, incapaz de reconocer la realidad del país.