La movida con los impuestos que patrocina el Gobierno e interpreta el aria la ministra de Hacienda, sin ningún parecido con la Casta Diva de Monserrat Caballé, quiere representar un España dual que no existe en la realidad. Además de que seguimos sin modernizar ni nuestro sistema fiscal ni el discurso técnico, si lo hubiera, con el que pretende justificarse los nuevos impuestos que se pretenden establecer.
En 2014 el gobierno de Rajoy encargó al catedrático de Granada Manuel Lagares la dirección de un estudio dirigido a una reforma de nuestro sistema tributario, que sigue anclado en figuras impositivas antiguas que han sobrevivido a la incorporación de España al mercado común y después a la UE que trajo el IVA como impuesto nuclear en las relaciones comunitarias. La reforma propuesta se quedó en un voluminoso estudio que archivó el ministro Montoro que se limitó a intensificar la tributación en el IRPF de los incrementos patrimoniales por la transmisión de bienes inmuebles.
La iniciativa política del Gobierno de Sánchez demuestra además muy poco respeto por el modelo autonómico establecido en la Constitución que, desarrollado por Ley Orgánica de Cesión de Tributos a las Comunidades distingue entre los tributos cedidos no sujetos a liquidación y los sujetos a liquidación, como son el tramo autonómico del IRPF, la recaudación cedida del IVA y determinados impuestos especiales.
¿Pero el PSOE no era un partido federal, con un Comité federal y con un Pedro Sánchez muy solícito a las sensibilidades independentistas a fin de ampliar su autonomía política y financiera? Quienes han criticado a Santiago Abascal por su incoherencia al proponer la centralización de determinadas competencias de las autonomías y, al mismo tiempo gobernar en Castilla y León, deberían también explicar la incoherencia, una más y van mil, de Pedro Sánchez.
El actual modelo que otorga una cierta y limitada autonomía fiscal a las Comunidades, ha introducido algún grado de corresponsabilidad fiscal en las finanzas y en el gasto público de las autonomías. Hasta la Ley del 2009 España era un país federal en el gasto y el endeudamiento de las Comunidades y centralista en la recaudación de impuestos que gravitaba sobre el Estado. Este modelo provocó que Cataluña y Valencia tuvieran la mayor deuda pública de las autonomías y galoparan sobre el déficit excesivo en su presupuestos que endosaban al Estado. La crisis declarada en 2010 con Zapatero y administrada por Rajoy en su mandato 2011-2015 dejó en descubierto las incongruencias e ineficiencias del modelo de financiación y tributario de las Comunidades.
Cuando se habla de impuesto sobre el patrimonio hay que recordar que hay otras figuras impositivas que gravan el patrimonio y sus incrementos. Empezando por el impuesto sobre bienes inmuebles que se paga anualmente a los Ayuntamientos que grava la propiedad. El impuesto municipal de plusvalía y los impuestos por incrementos patrimoniales con motivo de la transmisión de inmuebles o activos financieros en el IRPF que gravan en frío, sin coeficientes de amortización, suprimidos por el gobierno de Rajoy, también responden al hecho imponible del mayor valor patrimonial que se manifiesta con motivo de la transmisión. Y también el impuesto de sucesiones y donaciones que es un impuesto directo que grava progresivamente al heredero por el hecho natural de recibir unos bienes de sus padres o de su cónyuge.
Todo este discurso demagógico y vulgarmente peronista, presentado por Sánchez y su gobierno, es un insulto a la inteligencia media de los ciudadanos. En la España ocupada y en la vaciada necesitamos más ricos que vivan, trabajen, residan, compren propiedades, inviertan y gasten sus rentas y pensiones. Lo que hará que seamos un país con más españoles trabajando, con menos déficit público y con menos deuda que trasladar a las próximas generaciones. El Gobierno de Sánchez ya va 1.487 millones de euros, más del 116 del producto interior bruto.
Para ello es necesario un gobierno que impulse una sociedad libre y no subvencionada, donde el empresario tenga seguridad jurídica y el sistema financiero cumpla su función en un marco regulatorio estable, fomentando la inversión productiva, la modernización y la competencia en los mercados que es el mejor sistema de asignación de precio en los mercados.
No se crea que con el impuesto a los ricos algo le van a dar. Antes hay que pagar a lo más de 700 asesores y 800 funcionarios al servicio de Pedro Sánchez en La Moncloa Desayuno incluido.