El espíritu de la ley según Sánchez

Reunión de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez en La Moncloa

PARTIDO POPULARReunión de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez en La Moncloa

La ruptura por Alberto Núñez Feijoo del preacuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido el efecto provocado por  la vergonzosa manipulación que ha organizado el ministro Bolaños, ha consumado Pedro Sánchez y ha cumplido el papel de correo del Zar la ministra de Hacienda en el puesto del zoco de los presupuestos generales del Estado.

El trueque de presupuestos a cambio de la devaluación del delito de sedición, de las transferencias e inversiones en Cataluña y de las federaciones vascas de pelota y surf refleja la concepción “halloween” del Estado y del parlamentarismo democrático que tiene el Gobierno. La degradación del debate de presupuesto, en el fondo y en la forma, protagonizada por la ministra María Jesús Montero, por razones sustantivas de su significado y de las tremendas incertidumbres y riesgos del momento que debería trasladar seguridad y confianza a los españoles, se ha convertido en la representación de truco o trato.

Si en medio del discurso aderezado con el sonido de minipimer que nos ofrece la ministra, salta la reforma del Código penal del delito de sedición y hoy las declaraciones de Puigdemont de que emisarios del PSOE le han asegurado la reforma del Código penal, buen trato y un indulto, es evidente que la trampa del preacuerdo en la renovación del Consejo ha dado la cara.

La política del Gobierno de Sánchez deambula entre la farsa de la mentira convertida en el principio rector y la tragedia de una España gobernada por una ineptocracia. Hoy diversos medios publican la foto del primer gobierno de Felipe González, del que formaban parte políticos como Alfonso Guerra, Maravall, De la Quadra-Salcedo, Boyer, Moscoso del Prado, Ledesma, Fernando Moran y Javier Solana. Si compara a este gobierno con el actual y trasportásemos a Pedro Sánchez y a su cohorte a 1982, no hubieran tenido otro sitio en esa Administración que el cuarto de las fotocopiadoras.

La ruptura del preacuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial es una medida de higiene de nuestra democracia y de respeto al marco constitucional y legal. La letra y el espíritu de las leyes conducen a la única interpretación posible: hay un proceso de elección de los candidatos que se pueden presentar con avales individuales o de las asociaciones judiciales. Así lo dice la Ley 4/2013 de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial.

Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido Vocal por el turno judicial, salvo que se halle en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, se lo impida. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una Asociación judicial legalmente constituida. Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales podrá avalar hasta un máximo de doce candidatos.

Un procedimiento que no se inicia tal y como está regulado, al haber entrado los partidos en el proceso de presentación de candidatos cuando la Ley les sitúa únicamente en la designación por el Congreso y el Senado. Un modelo que altera y pervierte el espíritu de la ley, que anula la transparencia y pretende convertir el Consejo en el órgano de ocupación por los partidos del poder judicial. Por ello Pedro Sánchez ya estaba repartiendo el botín entre sus socios. Dos que pedía Podemos, otro para el PNV y otro para ERC.

De momento  tenemos un Consejo con un Presidente patrocinado por el PSOE que no cumple la condición legal de magistrado del Supremo y cuyo nombramiento está impugnado, ya que la Ley 4/2013 vincula los cargos de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y lo dice expresamente en el artículo 590 : El Vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente y hasta el nombramiento de un nuevo Presidente. Un Consejo que no puede realizar nombramientos pues el Gobierno le ha retirado esta competencia. Y un gobierno predispuesto a blanquear a Puigdemont y demás compañeros del frustrado golpe de estado independentista.

Con este espectáculo, ¿toman en serio en Bruselas su proyecto de presupuestos señor Sánchez?

Sobre el autor de esta publicación

Ignacio del Río

Nacido en Madrid, el 4 de marzo de 1956.

Abogado y Registrador de la Propiedad. Ha sido asesor jurídico de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado del Partido Popular en los años 1986 a 1992.

Diputado de la Asamblea de Madrid ,1991-1995 y Portavoz de Política Territorial, Urbanismo y Transportes.

Secretario General del Partido Popular de Madrid para el mandato del Congreso periodo 1993-1995.
Teniente Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid 1995-2003. Durante su mandato se aprobó el PGOU de Madrid de 1997 y se formalizó la candidatura olímpica Madrid 2012, de la que fue Consejero Delegado hasta el año 2003.

Ha colaborado en diversos medios como ABC, El Independiente, La Estrella Digital, El Mundo y Expansión y en programas de radio. Actualmente participa en La Ventana de Madrid de la Cadena SER.