Doce nombres para la Justicia

Sánchez y Feijóo

EFESánchez en su última reunión con Feijóo en la Moncloa

No es muy difícil ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, siempre que se acepte el principio de elección en el modelo de acuerdo. Sin cambiar el sistema actual de los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, pero cumpliendo el espíritu de la Ley. Que, en su nombramiento, el núcleo de la propuesta, esté residenciado en las asociaciones judiciales, de modo que puedan proponer a 36 candidatos, elegidos en las asociaciones por los jueces y magistrados, conforme a la representatividad de cada una de ellas.

De entre los elegidos por votación de sus miembros, el Congreso y el Senado nombrarían a los 12 vocales, previa presentación y audiencia a los candidatos. Lo que en el Senado de Estado Unidos se denomina audiencias de confirmación, confirmation hearings, en las que se revisa la trayectoria que han tenido altos cargos políticos o judiciales designados por el presidente.

Tras la audiencia en la Comisión de Justicia, se sometería al pleno del Congreso y del Senado el nombre de los candidatos que en votación elegirían a los 12 vocales titulares y doce suplentes para el caso de cese de alguno antes de que finalice el mandato, requiriéndose que en la votación fueran elegidos al menos dos candidatos de cada una de las asociaciones judiciales proponentes a fin de una completa representatividad.

Este sistema que distingue entre la propuesta situada en el ámbito de las asociaciones mediante la votación de sus afiliados y su nombramiento, que se mantiene en la competencia del Congreso y el Senado, respeta íntegramente la letra y el espíritu de la Constitución.

En su artículo 122.3 dispone que el órgano de gobierno de los jueces estará integrado por 20 miembros, entre ellos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, elegidos en la forma que establezca su ley orgánica. Por tanto, la elección es el requisito sustancial y no puede devaluarse en el proceso de nombramiento. Actualmente tenemos un problema de adulteración del procedimiento, siendo los partidos políticos los que insaculan a los que van a ser nombrados, quedando las elecciones entre las jueces despreciadas y las asociaciones judiciales en el papel de inerte invitado de piedra que sirven al poder político. Lo que manifiesta una escasa calidad democrática.

Todo el proceso ha sido externalizado a los partidos políticos que en un proceso no transparente se reparten los nombres. De donde resulta que los nombrados deben pleitesía a las siglas políticas que los ha llevado al Consejo del Poder Judicial que nace viciado al despreciar la elección en la judicatura y reproducir miméticamente un modelo de bloques, según la camiseta con la que llega patrocinado cada vocal.

El poder judicial en todo caso es independiente y profesional en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, pero los nombramientos de los presidentes de los tribunales y la promoción en la carrera judicial queda en la longa manu de los partidos políticos, lo que pervierte el principio de mérito y la capacidad en su actividad profesional que deben ser los criterios que presidan los nombramientos.

La Justicia necesita un pacto de Estado para algo mas que el sistema de elección de los vocales del Consejo. Necesita mas jueces, medios en la oficina judicial y una profunda reforma organizativa de los procedimientos, que modernice y simplifique, con supresión y racionalización de trámites y plazos, sin perder garantías.

Carlos Lesmes ha conseguido que su dimisión provoque al menos una reacción en el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que por fin ha recordado el número del móvil de Alberto Núñez Feijóo que ha contestado con diligencia.

Por ello hay que reconocer a Carlos Lesmes su determinación y generosidad personal al presentar su renuncia en una España nuestra en la que la dimisión no se conjuga habitualmente en primera persona.

En El Quijote se lee esta recomendación:” No hagas muchas pregmáticas, y si las hicieres procura que sean buenas, y sobre todo se guarden y cumplan que las pregmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen.”

Sobre el autor de esta publicación

Ignacio del Río

Nacido en Madrid, el 4 de marzo de 1956.

Abogado y Registrador de la Propiedad. Ha sido asesor jurídico de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado del Partido Popular en los años 1986 a 1992.

Diputado de la Asamblea de Madrid ,1991-1995 y Portavoz de Política Territorial, Urbanismo y Transportes.

Secretario General del Partido Popular de Madrid para el mandato del Congreso periodo 1993-1995.
Teniente Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid 1995-2003. Durante su mandato se aprobó el PGOU de Madrid de 1997 y se formalizó la candidatura olímpica Madrid 2012, de la que fue Consejero Delegado hasta el año 2003.

Ha colaborado en diversos medios como ABC, El Independiente, La Estrella Digital, El Mundo y Expansión y en programas de radio. Actualmente participa en La Ventana de Madrid de la Cadena SER.