El presidente Zapatero se ha convertido en la gran estrella del circo político español. Y pasa con gran habilidad de su exhibición de trapecista que vuela sobre la pista central del Ruedo Ibérico donde los españoles se exasperan por los efectos demoledores de la crisis económica, a una segunda actuación no menos peligrosa: en el papel de funambulista deslizándose sobre el alambre tendido por encima de la “jaula” de los enfurecidos nacionalistas catalanes que gritan contra el Tribunal Constitucional pidiendo su renovación y denunciado su legitimidad, para ver si de esa manera evitan una sentencia que desactive o reforme el Estatuto catalán y de manera más concreta todo lo que se refiere a la pretendida “nación” catalana.
Pero nuestro presidente ha querido añadir a su vertiginoso paseo por el alambre la función de malabarista y juega, mientras camina, con las palabras. Y si un día dice una cosa, tanto él como sus ministros, asegurando que no es el momento de renovar el Constitucional porque “no se puede cambiar de arbitro a mitad del partido”, que fue lo que dijo el ministro José Blanco, dando la razón a Mariano Rajoy y al PP en este debate; y otro día el presidente Zapatero nos dice en el Congreso de los Diputados, como lo acaba de hacer, que es “urgente” la renovación del Constitucional, aunque el presidente añade que sí tiene legitimidad.
Lo que se interpreta como un cambio de opinión y como concesión a su compañero de partido y presidente de la Generalitat, José Montilla, que está liderando en el Parlamento catalán una moción exigiendo la renovación del Constitucional y denunciando legitimidad. Lo que no deja de ser una agresión institucional del Gobierno y el Parlamento catalanes al Constitucional, y una extraña incongruencia porque Montilla, que es el representante máximo del Estado en el territorio catalán, se dedica desde esa posición a atacar a uno de los pilares básicos del Estado como es el Tribunal Constitucional.
Y hace esto Montilla mientras, paralelamente y siguiendo el mal ejemplo de sus compañeros del PSOE en Madrid, su gobierno y su partido montan un mitin de apoyo al juez Garzón y con duras críticas al Tribunal Supremo, otra alta institución del Estado. A la que, en este trepidante día informativo ha sido citado a declarar el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en relación a la causa que se sigue contra Garzón por el dinero que ese banco aportó a los cursos en los que Garzón impartió clases en la ciudad de Nueva York y que fueron subvencionados por el Santander (y por Cepsa, cuando esta compañía estaba bajo el control del citado banco).
El estatuto catalán y los problemas judiciales de Garzón siguen dominando la actualidad y en ella se incluyen los ataques incesantes mediáticos, políticos e institucionales a los tribunales Supremo y Constitucional, al tiempo que evidencian una creciente tensión en los gobiernos de España y el de la Generalitat, y entre el PSOE y el PSC. Algo que el funambulista/malabarista de la Moncloa intenta paliar dando una de arena (“la renovación del Constitucional es urgente”) y otra de cal (“el constitucional tiene legitimidad”), pero sin conseguir desactivar la embestida catalana contra la máxima corte del Estado.
Al fondo de todo esto está, ya lo sabemos, las elecciones catalanas. Como al fondo del caso de Garzón están las elecciones generales más lejanas en el tiempo. Pero en ambos casos lo que se está cociendo y lo que subyace es una enmienda importante y global a la Constitución de 1978 y a los pactos de la transición que suscribió el PSOE, y que ahora pretende enmendar Zapatero quien es además el autor, o maquinador, del inconstitucional estatuto catalán. Quizás lo que en última instancia pretenda Zapatero es que el debate nacional ahogue el ruido del paro y de la crisis económica que es de verdad lo que toca de cerca a los ciudadanos. Y lo está logrando en medio de un ruido infernal como el que ayer animó el debate parlamentario por causa de una batería de preguntas del PP al gobierno sobre las dos cuestiones: Constitucional y Garzón.
Preguntas de las que el gobierno quiso zafarse, recordando el caso Gürtel al PP, e incluso como lo pretendió el ministro Blanco señalando a este partido como heredero o cómplice de Falange Española, partido que denunció a Garzón ante el Supremo. Reabriendo así Blanco, como está ocurriendo de manera permanente y de un tiempo a esta parte el debate de “las dos Españas” que creíamos definitivamente acabado. Tan acabado como que ayer el Gobierno, la Corona, la Generalitat y todos los partidos políticos rindieron un justo homenaje al presidente de honor del Comité Olímpico, Juan Antonio Samaranch, que acababa de fallecer. Y que ha prestado grandes servicios al olimpismo mundial y al deporte español, y que hace ya muchos años fue un destacado dirigente de Falange Española en Cataluña, lo que esperemos que no sea motivo para que algún descerebrado le niegue el reconocimiento de los méritos que acumuló.