La incapacidad o la imposibilidad para que Pedro Sánchez logre un pacto rápido con Carles Puigdemont sobre su investidura ha provocado que la grave situación política española le esté estallando al Gobierno y al PSOE en las manos creando una creciente indignación nacional.

Y, también, una seria preocupación política en las primeras instituciones de la Unión Europea que ahora y para colmo preside Sánchez. Como lo prueba el requerimiento enviado al gobierno español por el Comisario de Justicia europea, Didier Reynders, pidiendo al Gobierno de España que le informe sobre el proyecto de la Ley de amnistía. 

El que según Reynders, en los escritos enviados al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, está generando en la UE ‘serias preocupaciones’. 

Preocupaciones no solo por la posible inconstitucionalidad de la amnistía, lo que seguramente deberá decidir en su momento el Tribunal Constitucional, sino también por el hecho de que se pretende amnistiar graves delitos de corrupción, por la malversación de fondos públicos, y de terrorismo.

Lo que podría chocar, frontalmente, con la normativa jurídica de la UE y obligar la intervención del Tribunal de Justicia Europeo. Máxime cuando está demostrado -y así lo acredita el pacto firmado por el PSOE y ERC- que el objetivo principal de la amnistía no es el de mejorar ‘la convivencia en Cataluña’ como dice Sánchez, sino comprar los votos de ERC para que Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno.

Una situación agravada por el hecho de que en el mismo pacto de ERC con el PSOE se incluye la ‘quita’ de 15.000 millones de euros a Cataluña, lo que puede ser considerado un delito de prevaricación de Sánchez por utilizar los fondos públicos del Estado para comprar su investidura.

Y cuando todavía faltan por conocerse el precio que Puigdemont le exige a Sánchez desde JxC para votar a favor de su investidura, y el precio que le piden desde el PNV también para entregar sus cinco votos al PSOE.

Y vamos a ver si todas estas cuestiones no aparecen también en el seno del Congreso del Partido Socialista Europeo que se inicia este viernes 10 en Málaga y donde, previamente, ha caído como una bomba la dimisión del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que está siendo investigado en su país por corrupción.

A Sánchez, mientras sigue a la espera del pacto con Puigdemont que tiene sobre ascuas al Gobierno y al PSOE, se le están abriendo varios frentes que complican su situación. Y este de la Comisión Europea no es una cuestión menor, como lo afirma el Comisario Reynders cuando habla, en relación con la Ley de amnistía, de ‘sería preocupación’.