La reforma del delito de sedición impuesta a Sánchez por los golpistas y sediciosos de ERC, y la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra a manos de los filoterroristas de Bildu, nunca habrían sido aprobadas en el Congreso, como ocurrió el pasado jueves, si los diputados no dependieran, como ocurre en España, de los jefes de los partidos y sí dependieran de sus votantes como ocurre en las primeras democracias de Occidente, como los de EE.UU., Francia, Alemania y Reino Unido, entre otras.
Pero España no es una democracia auténtica sino una oligocracia donde se impone el poder de unos pocos dirigentes políticos que se reparten el Poder Judicial, donde el Parlamento no existe ni controla al Poder Ejecutivo. Y en la que la la prensa está controlada y Ley Electoral beneficia y da ventajas a las minorías nacionalistas y populistas y complica la gobernabilidad del país.
Lo que influye la flagrante ausencia de separación de los poderes del Estado (solo están separadas administrativamente sus ‘funciones’) y conduce a un régimen de poder presidencialista y autocrático. En el que quien gana las elecciones por mayoría absoluta o logra el Gobierno en coaliciones (tan perversas como las del PSOE con filoetarras de Bildu, progolpistas de ERC y procomunistas de UP) queda con el control de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Y con una larga mano puesta sobre el poder económico y, a través de este poder ‘fáctico’, con el control de los grandes medios de comunicación. El llamado ‘cuarto poder’ de la Prensa que es fundamental para el control del Ejecutivo, como subrayó el presidente americano Thomas Jefferson cuando afirmó: ‘prefiero un país sin Gobierno a un país sin periódicos’.
Y todo este inventario de carencias democráticas españolas de las que se derivan situaciones como las que estamos viviendo ahora en la España que gobierna Pedro Sánchez, ya lo sufrimos en mayor o en menor medida bajo las presidencias de Gonzalez, Aznar, Zapatero y Rajoy.
Lo que debería llevarnos a la conclusión de que nos urge una reforma en profundidad de las reglas del juego político y del vigente sistema español para pasar de la oligarquía (o partitocracia) vigente a la Democracia plena.
Y esta necesaria y obligada segunda reforma democrática de la Transición debería ser la punta de lanza del discurso de Estado del líder del PP y de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo. Si es que Feijóo sabe distinguir entre una oligarquía (como la que él practicó en Galicia) y una democracia, y quiere que abusos, como los que ahora Sánchez acaba de perpetrar en compañía de Bildu y ERC, no se vuelvan a repetir en España ahora ni nunca más.
Salvo que Feijóo considere que prefiere que todo siga igual, en esto de la no separación y la acumulación de los Poderes del Estado, porque confía que pronto le tocará disfrutar de esas carencias si gana las elecciones de 2023.
Como pasó con Aznar (otro que no cree en la Democracia) en 1996 cuando llegó al poder y se negó a revertir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impuso González en 1985 para tener el control absoluto de la Justicia y que luego heredó Aznar. Ambos, González y Aznar se repartieron en sus respectivos mandatos la Justicia, ‘secuestraron’ el Parlamento y se aprovecharon del poder económico y los grandes medios de comunicación.
Que es lo que hace Sánchez ahora en España con su gobierno Frankenstein, pero elevado a la enésima potencia, sin límites ni control de ningún poder del Estado. Y sin que nadie se atreva a moverse en el PSOE. Y algo parecido es lo que a lo mejor espera a hacer Feijóo si finalmente por los abusos y los excesos de Sánchez le cae al PP del cielo, cuál Maná, el poder.
Porque, vista la escasez de su proyecto político y su ausencia de discurso de Estado de Feijóo, como el que merecería el vigente momento político español, nada permite asegurar que en las próximas elecciones de 2023 Sánchez vaya a perder el poder.
