Hace tiempo que se acabaron en Cataluña los buenos modales políticos que impulsó Josep Tarradellas, de los que hizo gala Jordi Pujol y de los que presume Josep Antoni Duran Lleida. Desde que Pasqual Maragall, primero, y José Montilla después incluyeron en el gobierno de Cataluña a la Esquerra Republicana con el discurso tantas veces esperpéntico de Josep Lluís Carod Rovira y su programa independentista, la política catalana, alejada de la realidad de su país y de sus gentes, ha iniciado una deriva lamentable y poco democrática. Como la que en vísperas de las elecciones autonómicas del otoño, ejemplarizan el propio presidente de la Generalitat, Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas. Llegando ambos políticos a desafiar y poner en entredicho la autoridad y legitimidad del Estado, incluso con amenazas intolerables como las que ayer mismo hizo públicas el líder de CiU cuando dijo, amenazando a la vez que negaba su amenaza: “aviso a navegantes, no estamos dispuestos, que el Tribunal Constitucional juzgue  la voluntad del pueblo catalán”, y prometiendo una “ofensiva para impedir que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el estatuto de Cataluña”. ¿Cómo piensa impedirlo?

Ni siquiera la desesperación política de Mas, por las dos derrotas que lleva cosechadas en las elecciones catalanas, ni sus expectativas de alcanzar el poder catalán en el otoño justifican las palabras del líder de CiU que comprometen a su coalición, Duran Lleida e Unió, aquí incluidos. Amenazas que contradicen algo tan sencillo como el hecho de que Mas quiere ser presidente de la Generalitat, que es el órgano que representa en Cataluña al Estado que el mismo acaba de desafiar y deslegitimar, y del que el Tribunal Constitucional constituye uno de los pilares básicos. Lo que nos lleva a la conclusión de que Mas y CiU no sólo han perdido el sentido de la legítima realidad constitucional en la que habitan, sino que por un mal encarado oportunismo electoral, han iniciado un camino de difícil retorno que los lleva a ponerse al margen de la ley y en línea con el independentismo rupturista de ERC.

El punto de apoyo sobre el que Mas pretende justificar su escapada al monte de la deslealtad constitucional está anclado en los debates del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán y en la posibilidad de que una mayoría de magistrados de esta Corte dicte sentencia y recorte varios artículos y el alcance nacional y soberanista del Estatuto. Algo que los partidos catalanes venían murmurando a media voz, mientras creían que una mayoría de magistrados aprobarían el núcleo sustancial del Estatuto, con algunos recortes, pero dejando intacta la definición de Cataluña como nación, entre otras muchas cosas como las relativas a la lengua, la bilateralidad con el Estado, la financiación o el pretendido poder judicial catalán.

Mientras la expectativa de una sentencia moderadamente favorable al estatuto era plausible nadie en Cataluña se rasgó las vestiduras ni denunció la presunta ilegalidad del Constitucional por la caducidad del mandato de cuatro de sus magistrados, ni exigió la urgente renovación de la Corte porque en ella se incluía a la presidenta, María Emilia Casas, también fuera de plazo desde 2007, pero que con su voto de “calidad” podía apoyar lo esencial del estatuto catalán. Y mucho menos se pretendió, o se dijo, que había que cambiar la ley del Constitucional, y no digamos el proferir amenazas o “avisos a navegantes” como las que Mas ha hecho públicas contra la legitimidad del constitucional que es la del Estado y la de su ordenamiento jurídico.

El problema surge cuando en la última votación del Constitucional, sobre la quinta ponencia elaborada por la magistrada Elisa Pérez Vera, seis magistrados derrotan la ponencia -que era más propicia a las tesis nacionalistas y al gobierno de Zapatero- y se visualiza la nueva mayoría que puede endurecer la inconstitucionalidad de muchos artículos del estatuto. De manera que para Más y Montilla el Constitucional es una maravilla –a pesar de que cuatro de sus miembros habían agotado su mandato en 2007- mientras esperaban una sentencia favorable, y cuando ven o piensan que la sentencia les puede ser adversa piden la destrucción del Constitucional.

Naturalmente, nada de esto sería posible si el presidente Zapatero, despreciando a la nación española y su realidad constitucional, no hubiera apoyado un estatuto que es inconstitucional, de lo contrario el Tribunal Constitucional ya lo había aprobado hace más de tres años sin más debates ni votaciones. Pero este presidente, que abrió la caja de pandora de las “dos España”, que es incapaz de hacer frente a la crisis económica que negó en 2008, y que fracasó en la negociación “política” con ETA, decidió al margen de la soberanía nacional del pueblo español promover, a través del estatuto de Cataluña, un cambio sustancial de la Constitución sin pasar por el preceptivo referéndum y provocando “de facto” un cambio del modelo de Estado hacia otro federal o confederal.

Podríamos tomarnos a chaza o como bravuconada electoral las palabras de Artur Mas. Pero en esta ocasión cabe preguntarle y preguntarse sobre qué haría Mas si llega a la presidencia de la Generalitat con una sentencia desfavorable al estatuto catalán ¿Se enfrentaría al Estado como inútilmente intentó Ibarretxe? En las actuales circunstancias españolas, y catalanas, de grave  económica, financiera y social, lo que nos gustaría oír del señor Mas es un discurso distinto y un proyecto catalán y español para superar la crisis que es lo que preocupa, por encima de cualquier cosa, a los ciudadanos de Cataluña y toda España. Un discurso y una propuesta para construir allí y en Madrid un gobierno fuerte, creíble y eficaz contra la crisis, esa es la cuestión crucial. La que, además, apreciarían enormemente los electores catalanes entre los que habita un porcentaje muy alto del paro y los empresarios de esas tierras que están sufriendo mucho con la crisis y que importantes son para Cataluña y España. O sea, “tranquil, Artur, tranquil”, y un poco más de cordura y de serenidad.