La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha salido al paso de los ataques que ha sufrido la Corte que preside, a propósito de la esperada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, y ha denunciado con la mayor contundencia la que considera una “desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio al Tribunal Constitucional desde ciertos sectores políticos y mediáticos”. Calificando estos ataques de “crítica interesada e irracional”.
Duras y certeras las palabras de la señora Casas que tienen en su punto de mira, en primer lugar y sobre todo, al Gobierno de la Generalitat y a casi todos los partidos políticos catalanes, pero también al gobierno español de Zapatero y al PSOE, de donde también han emanado esas críticas así como la exigencia –con tres años de retraso- de una urgente renovación de cuatro de los magistrados del TC –la señora Casas incluida-, cuyo mandato acabó en 2007 y sobre los que nadie dijo nada hasta que se conoció que la última ponencia sobre el estatuto catalán, medianamente favorable al estatuto, había sido derrotada por seis votos contra cuatro, dejando en entredicho la posibilidad de que dicho estatuto apruebe el calificativo de “nación” para la Comunidad Autónoma catalana.
La importancia de estas declaraciones de la presidenta del TC debería tener consecuencias inmediatas tanto en Cataluña como en Madrid. Empezando por la posible retirada de la declaración, hoy en negociación y redacción, que sobre el Tribunal Constitucional pretende aprobar en próximos días el Parlamento de Cataluña, y en la que se viene a deslegitimar a los miembros del TC, así como su posible sentencia, si es que se aprueba la ponencia que ahora está en elaboración. Una intolerable presión dirigida por Montilla y por el PSC-PSOE, lo que afecta al PSOE nacional y gobierno de Zapatero.
Un presidente, Zapatero, que ha guardado silencio “cómplice” frente a las invectivas, dejando hacer y dejando que se desprestigiase públicamente al Constitucional, como ha permitido que se desprestigie y acose al Tribunal Supremo, con motivo del procesamiento del juez Garzón. Lo que por otra parte ya ha provocado un comentario crítico- aunque menos duro que el de Casas- por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Las palabras de María Emilia Casas en defensa de las instituciones del Estado pone, por otra parte, coto a las pretendidas interpretaciones de los que quieren anteponer las decisiones de los parlamentos catalán y español sobre el Estatuto, o el propio referéndum catalán, por encima del Tribunal Constitucional que es quien tiene la última palabra. Y no digamos las que han sido últimas declaraciones de Artur Mas al diario El Mundo (en el día de ayer) donde pretendía que el Constitucional se declare “incompetente” para debatir y dictar sentencia sobre el estatuto catalán, un disparate de mayor cuantía y en la estela de la cadena de acusaciones y declaraciones de de los partidos catalanes que se integran el gobierno de José Montilla.
¿Qué va a ocurrir ahora? Pues previsiblemente el Tribunal Constitucional seguirá haciendo su trabajo y buscará, lo antes posible, una sentencia sobre el estatuto sin aceptar presiones de ningún tipo, ni de ningún gobierno o partido político. Y por otra parte arreciará la bronca política catalana en contra del TC, especialmente por parte de los partidos nacionalistas, por más que habrá que ver que hace el PSC y el propio Montilla y que hacen el gobierno de Zapatero y el PSOE ante la reprimenda de la señora Casas.
Estamos pues en una encrucijada importante porque las críticas y todas las descalificaciones a primeras instituciones del Estado como son el TC y el Supremo han ido demasiado lejos y con muy malos modales, cuando no llenas de insultos y vejaciones como las sufridas por el juez Varela del Supremo al que se ha homologado con el franquismo y con sus crímenes y desafueros.
Naturalmente en lo que a Cataluña se refiere todo esto tendrá impacto en las elecciones autonómicas del otoño y a corto plazo puede en la propia estabilidad del gobierno de Montilla quien se encuentra en la disyuntiva de aceptar la denuncia de la señora Casas y replegar velas, o subirse al carro del desafío constitucional e institucional que lideran sus compañeros de ERC, y que desde fuera del gobierno aprovechan los máximos dirigentes de CiU. Imaginar un poco de cordura y serenidad en este debate a estas alturas parece mucho pedir, pero esa sería la mejor solución. En todo caso quien ha recibido el castigo más duro por parte de la señora Casas fueron Zapatero, su gobierno y el PSOE. Y también sus medios de comunicación más afines, como el diario “El País” que ha liderado la reciente campaña de acoso y de derribo del Constitucional –y del Supremo- llegando a pedir, en sus últimos editoriales, la dimisión de los magistrados progresistas del TC para romper el “quorum” y bloquear “sine die” el Tribunal.