No es fácil callarse ante el acoso que están sufriendo los magistrados que se ocupan de las querellas interpuestas contra el juez Baltasar Garzón. No pueden dar un paso sin exponerse al ataque masivo de muy poderosos medios de comunicación a los que se suman determinados líderes sindicales, representantes más o menos cualificados del mundo cultural, conocidos artistas y un sin fin de asociaciones o colectivos, como ahora se dice. También hay encendidas protestas que llegan de Hispanoamérica y de otros lugares, porque este querellado es sin duda el juez español con mayor proyección internacional. Y completan el cuadro las declaraciones públicas de muy relevantes nombres de nuestros Poderes legislativo y ejecutivo.

De las tres querellas, sólo tiene connotaciones políticas la relacionada con la memoria histórica, los crímenes del franquismo y la apertura de fosas procedentes de la Guerra Civil. Las otras dos se refieren a la solicitud de fondos para unos cursillos en los que se participa con una buena remuneración y a la intervención de las escuchas entre presos y abogados en un proceso ajeno al terrorismo. Pero no importa. Se trataría de una maniobra convergente para terminar con la carrera de un juez incómodo por haber cumplido siempre con su deber. Se soslayan así las cuestiones concretas sobre las que han de pronunciarse los tribunales: si se ha cometido o no alguno de los delitos en cuestión. Ni más ni menos. Se olvida que para eso existe un Poder Judicial –independiente según la Constitución- cuyos titulares se hallan mejor capacitados para cumplir esa tarea que quienes tan decididamente, y en posturas perfectamente previsibles, archivarían las tres querellas sin admitirlas siquiera a trámite.

No es de recibo que la afinidad ideológica u otras razones espurias prevalezcan sobre las jurídicas. Se dispara con fuego graneado contra los magistrados del Tribunal Supremo y contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y si esto ocurre con altos cargos de incuestionada competencia, honestidad e incluso talante progresista en algunos casos (¡ya salió la politización de la Justicia!), piénsese en lo heroico que sería resistir en solitario tales campañas desde un modesto Juzgado de Instrucción o un Juzgado de lo Penal. Escalofriante. La carrera del juez al albur del Gobierno de turno con un Fiscal General de libre nombramiento y el Consejo General del Poder Judicial como correa de transmisión.

El Derecho Penal no es, desde hace muchos años, y con las excepciones del nacionalsocialismo y del comunismo soviético, un derecho de autor sino de hecho. Se ocupa de las acciones tipificables como delito, al margen del concepto que nos merezca el currículo del inculpado. Todos somos iguales ante la ley según el artículo 14 de la Constitución.

Garzón disfruta, como cualquier otra persona, de la presunción de inocencia en el ámbito jurídico que le es propio. No le faltarán razones de peso para su defensa y contará, además, con el asesoramiento de muy ilustres penalistas. Yo, personalmente, le deseo lo mejor. Sé, como el primero, que ha prestado grandes servicios a la Justicia, y sé también que todos podemos equivocarnos sin convertirnos por ello en unos delincuentes. Pero ahora no se trata de eso. Dejemos actuar a las Instituciones. Las críticas y los comentarios, después.

Quienes aplaudieron el archivo de la denuncia por los crímenes de Paracuellos, pese a gozar todavía de buena salud y estar perfectamente identificado quien podía sentarse en el banquillo, son los mismos que querrían proceder  contra los criminales del otro bando. No se entiende bien. Como tampoco que los sindicatos reclamen vela preferente en este entierro, anunciando manifestaciones y dando certificados de inocencia. El Estado de Derecho es otra cosa. Se equivocan estos valedores del juez Garzón si pretenden exculparle de antemano con afinidades ideológicas y motivaciones que estarían por encima de la ley.