Empecemos con algunos datos. El apartado 1 del artículo 3 de la Constitución declara que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. El apartado 2 añade que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Las Cortes Generales, según reza el artículo 66 “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”. Las sedes de ambas Cámaras se encuentran en Madrid. Y en la capital de España, al igual que en la mayor parte del país, sólo se habla castellano.
Se explica así que el uso exclusivo de tal lengua en las Cortes Generales fuese pacífico desde el primer momento. Sólo en el futuro, treinta y dos años después, el Senado será plurilingüe para dar gusto a los nacionalistas. Como en otras ocasiones, se recurre a relecturas constitucionales en las que nadie había reparado hasta ahora. Se dice que es un avance en la consolidación definitiva de la España plural pero la realidad va por otro lado. Es una nueva iniciativa de marcado matiz partidista que pone la política coyuntural por encima de los intereses generales, bordea la inconstitucionalidad, sienta un peligroso precedente para otras instituciones, atenta contra el sentido común y merece entrar con todos los honores en el “Celtiberia Show” de Carandell.
En España hay Comunidades Autónomas plurilingües pero no un Estado plurilingüe. Las Cortes Generales –tanto el Congreso como el Senado- no son órganos autonómicos sino estatales. No importa. Es sólo el primer paso. Después les tocará el turno al Congreso o al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional. La meta estará siempre un poquito más lejos. Ocurre lo mismo que con algunas reformas estatutarias.
Los idiomas deben servir para el entendimiento y no para levantar barreras entre las gentes. Si todos los españoles tenemos la obligación de conocer el castellano y el derecho a usarlo, lo lógico sería que aquel fuera también la lengua del Senado. Una mínima educación cívica de todos sus miembros, libre de complejos y prejuicios, abundaría en igual sentido. Pero hemos llegado a un punto en el que eso sería mucho pedir. Lo políticamente correcto en estos tiempos es oponerse a lo que nos une y resaltar lo que nos separa.
Habrá traducciones de cada lengua vernácula al castellano, y al revés; y quizás también, directamente, de un habla autonómica a otra. Las actas se redactarán, como cualquier otro documento, en cinco idiomas. Se darán cursillos de vascuence, catalán, valenciano y gallego al personal administrativo y auxiliar. Se repartirán auriculares para que el público siga las sesiones con traducción simultánea. Y se hará lo necesario para salvaguardar los derechos de radioyentes y televidentes. Por dinero que no quede. Después, los senadores emplearán el castellano en los pasillos. Entre sí, con los ujieres y con los medios de comunicación. Y todos tan contentos.
He aquí nuestro último invento para andar por casa. Una Torre de Babel absurda pero supuestamente progresista.