La crisis del Consejo General del Poder Judicial

Poder judicial

EFECarlos Lesmes formaliza su dimisión una vez finalizado el plazo anunciado a los vocales del Consejo

Hace un par de semanas dediqué una columna a los avatares del Poder Judicial bajo el título de “Picaresca y Santos Inocentes”. La Picaresca se refería a los esfuerzos de determinadas fuerzas políticas para interpretar en el sentido más favorable a sus intereses lo dispuesto en el artículo 122.2 de la Constitución sobre el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Primero, en la Ley Orgánica de 1980, dedicada exclusivamente al Consejo, se entendió que la reserva de doce de sus miembros a jueces y magistrados conllevaba la propuesta directa por sus compañeros de jurisdicción, sin intervención alguna de las Cortes Generales. La presencia de los otros ocho vocales, propuestos por el Congreso y el Senado, alejaría el peligro de corporativismo.

Luego, con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, todavía vigente pero reformada en este punto, se produjo el gran cambio gracias a una enmienda in voce en el Senado. Aunque la cuestión había estado ausente durante la elaboración del anteproyecto y del proyecto de Ley, al igual que en el Congreso, se llegó así al nuevo y preocupante criterio de que todos los nombramientos, también los de la cuota judicial, serían competencia de las Cortes Generales, órgano político por excelencia.

El Tribunal Constitucional afirmó, no sin muy razonados votos discrepantes, la conformidad de la nueva regulación con nuestra Ley Fundamental, pero estableciendo la condición de que no se trasladara al Consejo la relación de fuerzas parlamentarias. Algo que, como es evidente, no se respetó nunca. Reconoció también que el texto anterior era más acorde con la Constitución.

Por su parte, el Partido Popular prometió solemnemente que se volvería al régimen de la Ley Orgánica de 1980 tan pronto como el resultado de unas elecciones generales lo permitiera, pero la mayoría absoluta obtenida más tarde no llevó al cumplimiento de lo prometido. Hubo un nuevo texto pero éste se limitó a dar mayor protagonismo a las iniciativas judiciales sin prescindir por ello del filtro parlamentario (y político). Los partidos seguirían teniendo la última palabra.

Quizá a causa de aquel consenso haya tardado tanto en manifestarse un problema cuya solución deberá ser respetuosa con la división de poderes, según nos recuerdan machaconamente desde Bruselas. Para empezar, habría que volver a la regulación de la Ley Orgánica de 1980, pero el ideal de que todos los vocales del Consejo lo fueran igualmente por elección de los jueces y magistrados requiere la previa reforma de aquel precepto constitucional. Lo que remite la solución última ad calendas graecas.

En resumen, el desprestigio del Consejo y de la Justicia misma por esta deplorable y rocambolesca situación no es culpa suya sino de quienes no se han puesto de acuerdo, desde hace ya cuatro años, para renovar la composición de un Consejo que tenía fecha de caducidad. De ahí lo de los Santos Inocentes.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.